La implementación de la Ley del Servicio Civil “Servir” es la gran reforma pendiente del Estado, y el Ministerio de Economía y Finanzas impulsará su aplicación, señaló hoy el titular de este portafolio, Carlos Oliva.
“Tenemos que generar el consenso y demostrar nosotros como Estado que esta (La Ley Servir) es la gran reforma del Estado que está pendiente, tenemos la oportunidad ya tenemos una ley aprobada y ahora lo que nos toca es implementarla”, afirmó.
Asimismo, expresó que está en contra de las exoneraciones a su implementación por parte de algunas instituciones públicas.
“Así es, estamos totalmente en contra de eso”, subrayó.
Refirió que cuando era viceministro de Hacienda en el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tuvo la oportunidad de trabajar la Ley Servir, y ahora se debe mostrar que es beneficioso para los trabajadores del sector público.
“Entonces, tenemos que jugarnos por Servir, queremos dar la muestra que esto es algo beneficioso para los trabajadores, nosotros seríamos totalmente inconsistentes si proponemos algo y no es el mismo MEF que está detrás de esto”, afirmó.
Actualización de normativa laboral
De otro lado, refirió que se buscará actualizar la legislación laboral para estar a la par del desarrollo en el mundo.
“Nosotros tenemos una legislación laboral que se está quedando atrás de los nuevos desarrollos que tenemos en el mundo, están surgiendo trabajos que hace 5 o 6 años que ni siquiera sabíamos que podían existir”, afirmó.
El ministro Oliva refirió como ejemplo, que mucha gente trabaja desde su casa con la misma o más productividad que acudiendo a un centro de trabajo.
“Entonces, tenemos que estar a la par de estos desarrollos mundiales y en ese sentido necesitamos actualizar nuestra legislación laboral”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la flexibilización laboral es beneficiosa para la economía, pero antes se deben construir los consensos necesarios.
“Primero tenemos que estar de acuerdo que flexibilizar el mercado laboral es algo bueno, en ese sentido del lado del Gobierno eso es algo que nosotros vamos a impulsar y comunicar”, dijo.
“Hay un espacio que es el Consejo Nacional del Trabajo que el ministro de Trabajo donde se está reiniciando este diálogo y estamos convencidos que con información última, con los últimos eventos internacionales, podemos crear este consenso, porque no se puede hacer las cosas sin consenso, y acá están los trabajadores, empresarios y sector público”, agregó.
Ley de Promoción Agraria
De otro lado, refirió que la Ley de Promoción Agraria se encuentra en manos del Congreso de la República, y se espera su aprobación.
“Inicialmente el Gobierno pidió facultades (para este tema), las facultades se retiraron y ahora está en manos del Congreso, lo que entendemos es que ese régimen va a seguir con cambios menores, creo que hay un ajuste a la tasa de Essalud que pasaría de 4% a 6% y otro cambio menor”, explicó.
“En este caso es clarísimo, que en una actividad que es estacional una empresa no necesita la misma cantidad de gente durante todo el año, a veces se hacen las cosechas durante tres, cuatro, cinco meses y es ahí cuando necesites contratar”, dijo.
“Definitivamente es una ley que ha demostrado además con cifras que ha sido muy beneficiosa para el sector agroexportador y en las facultades nosotros vamos a ampliarlas para el sector forestal y acuícola”, agregó.
Lucha contra la corrupción
De otro lado, Oliva comentó que parte muy importante de la competitividad tiene relación con la seguridad jurídica y en la lucha contra la corrupción, y en ese sentido la reforma política y judicial que plantea el presidente de la República, Martín Vizcarra tiene un “impacto tremendo en la competitividad de la economía”
También refirió que la norma que reemplazó al Decreto de Urgencia 003 referido a las empresas involucradas en el caso Lava Jato, ha tenido una gran ventaja “que no ha roto la cadena de pagos”, que era el principal temor que se tenía.
Indicó que el Ministerio de Justicia acaba de publicar la lista de los grupos de empresas involucradas en este caso, a fin de aplicar los alcances de la nueva normativa y puedan seguir operando bajo ciertas condiciones mientras se define su situación judicial.
“El primer grupo es donde las empresas ya han admitido que están con un tema de corrupción, hay otras que son las socias y otras que están en una etapa todavía preliminar”, puntualizó.
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(FIN) MDV
Publicado: 2/8/2018