La investigación contra esta organización -que operaba en el distrito de Cerro Colorado- comenzó en agosto del 2017. Uno de los primeros en caer fue el propio cabecilla, identificado como Marcelo Merma Valencia, alias Memo. Le siguió su lugarteniente y hermano, Pepe Merma Valencia, alias Pepe.
La médula de sus actividades ilícitas pasaba por la obtención de beneficios económicos a través de la venta de los predios usurpados.
Merma Valencia o Memo solicitaba las sumas de 3,000, 8,000 y 25,000 soles por un terreno de 200 metros cuadrados, aprovechándose de la necesidad de vivienda en el mencionado sector. El siguiente paso era iniciar el cobro de cuotas sociales y extraordinarias por concepto de servicios básicos o seguridad.
Una segunda fuente de ingresos ilícitos era el despojo del patrimonio de sus asociados, utilizando argumentos y justificaciones como la falta de permanencia, el vencimiento del plazo para la construcción del módulo o el incumplimiento de los pagos impuestos por la organización criminal.
El objetivo de Merma Valencia siempre fue conseguir la hegemonía de la zona, para lo cual estableció alianzas con funcionarios públicos.
Por esa razón, en la lista de capturados figuran un trabajador de la Oficina de Sostenibilidad y Conflicto Social de la Municipalidad Provincial de Arequipa, un empleado de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) del Gobierno Regional de Arequipa y una jueza de paz de Cerro Colorado.
Pasado violento
Al frente del
megaoperativo 114 denominado Montonero 2018 -noveno en lo que va del año- estuvo la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac). En la intervención participaron 620 efectivos, con el apoyo de 30 fiscales especializados en crimen organizado.
El Ministerio del Interior precisó que este es el primer megaoperativo que se ejecuta en la región Arequipa. Aquí, las fuerzas del orden allanaron un total de 29 inmuebles y uno en Madre de Dios. Entre los primeros figuran una oficina en la municipalidad de Arequipa y otra del juzgado de Zamacola.
Según las autoridades, los terrenos invadidos por los Malditos de Chumbivilcas pertenecen a Nadezhda Yenny Vargas Ortega, quien al tomar conocimiento de lo que sucedía optó por reunirse con las personas que quisieran formalizarse para comprarles sus lotes.
Nunca sospechó que Merma Valencia tenía un pasado violento y que no dudaría en aplicar el hostigamiento contra los pobladores para que abandonen sus terrenos. Si no hacían caso, la organización criminal procedía a la destrucción de sus inmuebles, el hurto de sus bienes y las lesiones físicas.
Merma Valencia, el cabecilla de los Malditos de Chumbivilcas, formaba parte del grupo que usurpó dichos terrenos por primera vez antes del 2010. Entre los invasores estaban Pepe Merma Valencia, alias Pepe; José Gutiérrez Apaza, alias Loco Guty, y Goyo Ordóñez Araujo, alias Tuerto.
Sin embargo, al darse cuenta del lucro que significa la venta de terrenos sin emitir documentación de alguna propiedad, decidió asumir las riendas mediante
el uso de la violencia y la amenaza. La fuerza de choque la encontró entre sus hermanos, familiares, amigos y pobladores, en su mayoría procedentes de su tierra natal: Chumbivilcas (Cusco).
Maniobras oscuras
Para revestir de legalidad sus actividades ilícitas, Merma Valencia recurrió desde entonces a una serie de maniobras oscuras. En el 2010, por ejemplo, inscribió ante Registros Públicos a la asociación de vivienda Jardines de Chachani, designándose a sí mismo como presidente del consejo directivo.
Igualmente, ese año solicitó el reconocimiento de la junta al municipio del distrito de Cerro Colorado. Luego, en el 2012, pidió a la municipalidad de Cerro Colorado el otorgamiento de los certificados de posesión. Con ello hacía creer a sus agraviados que los terrenos estaban debidamente saneados.
En simultáneo, presentó hasta en tres oportunidades a la municipalidad provincial de Arequipa, entre el 2011 y el 2013, una solicitud requiriendo
la adjudicación de los títulos de propiedad. Incluso, exigió el reconocimiento como asentamiento humano y el derecho posesorio de los terrenos
También fue clave la complicidad de ciertos funcionarios públicos. Cuando le tocó reunir los documentos sustentarios de posesión de los terrenos usurpados, tuvo la asesoría del exjuez de paz de La Tomilla y Anexos (Cayma), Beneraldo Paricahua Ramos, y de su relevo, la jueza de paz Gabriela Victoria Córdova.
Por último, contó con el apoyo de trabajadores de la municipalidad provincial de Arequipa durante la viabilidad de la expropiación de terrenos impulsada por Merma Valencia.
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(FIN) NDP/RRC/MAO