La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran las niñas, niños y adolescentes (NNA) privados de libertad en diversos puntos del país, ya sea por decisión judicial o administrativa, en instituciones públicas y privadas, bajo la supervisión del Estado.
Estos menores de edad pueden estar viviendo con sus madres recluidas en un establecimiento penitenciario, detenidos en dependencias policiales por haber cometido un presunto delito, bajo custodia por desprotección familiar en centros de acogida residencial y otros hogares infantiles, en centros juveniles por infracción a la ley penal, en instituciones para personas con discapacidad o centros de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol, hospitales psiquiátricos y centros de salud mental.
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Esta alerta defensorial es el resultado de una supervisión realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo a 18 lugares de privación de libertad, como centros de acogida residencial, centros juveniles y centros de protección de la Policía Nacional, en 9 regiones del país.
Estas son: Áncash, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Lima, Lambayeque y La Libertad, contemplados en el “Informe Especial: Condiciones de las Niñas, Niños y Adolescentes Privados de Libertad”.
Según explicó el director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Defensoría del Pueblo, Porfirio Barrenechea, los hallazgos y recomendaciones recogen la perspectiva del valor de la prevención para evitar que sucedan actos de tortura o malos tratos en lugares en los que residen niñas, niños y adolescentes.
Pero también para que en caso de que hubieran ocurrido esos malos tratos, identificarlos y propiciar que se investiguen, se sancione a los responsables y haya una reparación para las víctimas y sus familiares, a fin que no vuelvan a suceder.
No se trata solo del hecho de la privación de la libertad lo que pone a las niñas, niños y adolescentes en una situación de vulnerabilidad sino también aspectos de riesgo concurrentes, como el hecho de tener alguna discapacidad, pertenecer a la población indígena o población LGBTI, ser mujeres gestantes o con hijos/as, entre otros, dijo Barrenechea.
"De ahí que sea muy importante hacer visibles las condiciones en las que se encuentran los menores de edad en lugares de privación de libertad", indicó el representante de la Defensoría del Pueblo.
La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas prohíbe que todo niño sea sometido a tortura y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Asimismo, dispone que los niños privados de libertad sean tratados con humanidad y respeto, reconociendo su dignidad y teniendo en cuenta las necesidades de su edad y su interés superior.
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(FIN) NDP/ART
Publicado: 16/12/2019