Es urgente asegurar la sanción administrativa y penal para los autores involucrados con la violencia sexual, y para aquellos que han incumplido su responsabilidad respecto de la protección de las y los estudiantes en los colegios, señaló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El organismo internacional
saludó, en tal sentido, las
acciones tomadas por el
Ministerio de Educación (Minedu) de destituir y sancionar inmediatamente a los docentes condenados por
violencia sexual contra estudiantes en la región de Loreto.
Tras señalar que el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes en el Perú es una violación de sus derechos humanos y un delito penal, el Unicef calificó de intolerable que este tipo de delitos sean cometidos por personal que conforma la comunidad educativa, poniendo en riesgo que los estudiantes tengan una educación de calidad.
Señaló que la violencia sexual es uno de los problemas más graves que afecta a la infancia peruana y debe ser atendida con diligencia excepcional, sin importar el ámbito en el que ocurra.
Las cifras reportadas por el Estado peruano, a través de la ENARES, son contundentes al revelar que el 34,6 % de adolescentes entre 12 y 17 años reportó que alguna vez fueron víctimas de violencia sexual en la escuela o en la familia.
En el 2017 los Centros de Emergencia Mujer reportaron 6,593 casos de violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes. Esta situación requiere una acción urgente del Estado como garante de los derechos de la niñez y la adolescencia peruanas.
La escuela, por definición siempre debe ser un espacio de confianza en el que los estudiantes se sientan motivados para el aprendizaje y protegidos por todos los adultos que forman parte de ella.
Por tanto, se requiere contar con estrategias efectivas para prevenir la violencia y cuando ésta ocurra, detectarla oportunamente.
Es preciso una respuesta eficaz para que las victimas obtengan justicia y el daño pueda ser reparado. En el caso de la violencia sexual se requiere, además, garantizar la sanción efectiva y oportuna a los agresores.
Los hechos reportados en el Informe de Auditoría de Cumplimiento Nº 378-2018-CG/GRLO-AC de la Contraloría General de la República dan cuenta sobre presuntas irregularidades en la Dirección Regional de Educación de Loreto, y muestran enormes desafíos para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes al interior de las escuelas y evitar la impunidad de los autores.
En esa misma línea, es imprescindible asegurar que ningún autor de violencia sexual pueda volver a trabajar con niños, no solo en el ámbito educativo, sino en cualquier otro servicio que los atienda.
Frente a casos de violencia sexual, Umicef reafirma su compromiso con el Estado peruano para fortalecer de manera inmediata las estrategias de prevención, protección efectiva de las víctimas, para el inicio de los procedimientos administrativos y penales correspondientes.
Asimismo, darle un seguimiento que garantice el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes. Estas medidas contribuirán a su protección, recuperación y al resarcimiento del daño causado.
Unicef recuerda a los sectores del Estado, en particular al Ministerio de Educación, al Ministerio Público, al Poder Judicial, y a la sociedad civil, que la lucha contra esta desgarradora realidad es una responsabilidad compartida.
Todos, absolutamente todos, debemos combatirla. Cualquier forma de violencia contra los niños es intolerable y se puede prevenir. El sistema educativo y la sociedad en su conjunto deben tener una política y actitud de “Tolerancia Cero” frente a estos gravísimos delitos.
Unicef continuará apoyando los esfuerzos del Estado peruano para garantizar todos los derechos para todos los niños; en particular, su derecho a vivir una vida libre de violencia, a una educación de calidad y a acceder a la justicia cuando son víctimas de delitos.
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(FIN) NDP/LIT
Published: 7/17/2018