La venta de chips móviles en la vía pública es un grave riesgo para la seguridad de los peruanos. Pese a estar prohibida, pues la calle no es un canal autorizado para la contratación de servicios móviles, las empresas operadoras continúan incumpliendo las normas de contratación, lo cual es fiscalizado y sancionado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
El Osiptel supervisa permanentemente la problemática de ventas ambulatorias de chips móviles y desde el 2019 a la fecha ha realizado más de 370 acciones de fiscalización a escala nacional.
“En estas acciones nuestros fiscalizadores verifican que las empresas operadoras cumplan con las obligaciones establecidas para la contratación de un servicio móvil, lo que ha derivado en más de 40 procedimientos administrativos sancionadores y la imposición de medidas cautelares”, dijo el director de Fiscalización e Instrucción del Osiptel, Luis Pacheco.
Indicó que se sigue constatando que las principales empresas operadoras continúan con la venta en la vía pública y se ha comprobado que no cumplen con las normas para la verificación de la identidad de las partes que participan en la contratación, a través de la biometría del comprador y del vendedor, el uso de la contraseña única por parte del comprador, entre otros.
Por ello, desde el 2020, el Osiptel ha impuesto multas por aproximadamente 25 millones de soles, a las empresas de telefonía móvil por infracciones relacionadas a las fiscalizaciones de la venta de chips móviles en la vía pública.
Información expuesta a delitos
La venta ambulatoria de chips vulnera los derechos de las personas como usuarios de servicios de telecomunicaciones al no garantizar que se sigan los protocolos de seguridad necesarios para la contratación de una línea móvil.
“A través de nuestros canales de atención hemos recibido casos como la portabilidad de una línea móvil a otra empresa o contrataciones de líneas no solicitadas, además de que las personas comprueban que el chip comprado no se encuentra a su nombre o que le dieron una línea pospago en lugar de prepago”, detalló Luis Pacheco.
Mencionó que las ventas irregulares de líneas móviles, en su mayoría realizadas en la calle de manera ambulatoria, motivaron que, en el 2022, las personas presenten 77,597 reclamos ante las cuatro principales empresas operadoras por la contratación no solicitada del servicio móvil pospago. En ese mismo año, las empresas operadoras registraron más de 10,000 cuestionamientos de titularidad de servicios móviles prepago.
“Entregar tu huella digital a un desconocido, es como abrir la puerta para que se cometan diversos actos ilícitos, como el robo de identidad”, alertó el funcionario.
Recordó que el Osiptel detectó más de 4,000 servicios móviles con datos inconsistentes como “nene malo”, “pero calma papi”, “Haland Bolt Advíncula”, en el registro de abonados de las empresas operadoras, que están vinculados a la comisión de delitos de suplantación de identidad, fraude informático, estafa e incluso extorsión.
“Quien extorsiona evidentemente lo hace de un número móvil que no tiene un titular reconocible; es decir, estas líneas contratadas en la calle sin mayor protocolo de seguridad se pueden prestar para estos graves fines ilícitos”, acotó.
En los próximos días, el pleno del Congreso de la República debatirá el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor, que prohíbe la comercialización y contratación de los servicios móviles de forma ambulatoria o en la vía pública y asigna responsabilidad administrativa a los representantes de las empresas por ello.