La Defensoría del Pueblo consideró como urgente aprobar los mecanismos de alternancia y la paridad, así como regular la violencia y el acoso político para garantizar una efectiva participación de la mujer en los espacios de representación política.
En un balance de cumplimiento de la cuota de género realizado por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, se encontró que las candidatas suelen ser ubicadas en los tercios inferiores de las listas electorales, lo cual limita sus posibilidades reales de elección.
En 21 de los 26 distritos electorales de las Elecciones Generales 2016 las mujeres fueron ubicadas en esa posición, lo mismo que el 44 % de las postulaciones a regidoras a nivel provincial y el 40 % a nivel distrital, de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
La Adjuntía para los Derechos de la Mujer indica en su informe que, si bien el marco legal señala que 30 % de las listas deben estar integradas por mujeres o varones, no existe una reglamentación que garantice el cumplimiento de la cuota de género hasta el final del proceso.
“Por ejemplo, en el último proceso electoral, 4528 candidatas fueron retiradas, ya sea por exclusiones, improcedencias, renuncias o tachas, pero no se verificó si sus reemplazos fueron ocupados también por mujeres”, advierte el informe.
Acoso político
Precisa que la participación política de las mujeres también se ve afectada por actos de violencia y acoso político.
Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 23 % de candidatas a las Elecciones Regionales y Municipales del año 2018 habría sufrido alguna forma de acoso político.
En el estudio se detectó, además, que las mujeres representan el 48 % de la militancia de los partidos y organizaciones políticas, sin embargo, solo el 26 % de ellas ocupa algún cargo dirigencial.
Asimismo, la presencia de candidatas en los medios de comunicación es inferior a la de los varones. En el año 2016, apenas el 23 % de las postulantes al Congreso de la República tuvo cobertura en medios.
Para la Defensoría del Pueblo, esta situación se podrá superar con la incorporación en la legislación electoral de normas que dispongan la obligación de aplicar la paridad y alternancia, medida que fue recomendada desde el año 2006 por nuestra institución.
Ello, según dijo, con el fin de promover no solo la inclusión efectiva de las mujeres en las listas electorales, sino otras medidas complementarias para fortalecer su participación política.
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