Herramienta se consolida como la más eficiente para ejecutar proyectos, batiendo récords de adjudicación y atrayendo tanto a autoridades como a empresas, que ven sus impuestos convertidos en obras en beneficio de la población.
- ¿Cuál es la razón principal de la mayor eficiencia de obras por impuestos (OxI) en comparación con la obra pública tradicional?
- Es un cúmulo de confianza que generó una aceleración en su uso en los últimos dos años. Las autoridades ven en OxI una gran oportunidad para ejecutar infraestructura de manera rápida. Las empresas privadas, por su parte, confían en el mecanismo porque les permite garantizar que sus impuestos se conviertan en un beneficio real para la población.
Además, la normativa de OxI ha crecido, permitiendo la ejecución de casi cualquier tipo de proyecto de inversión, incluyendo actividades de operación y mantenimiento. Un factor clave es la participación obligatoria de la Contraloría en la etapa previa al lanzamiento del proceso de selección. Este control preliminar asegura que el proyecto cumple con los requisitos legales y financieros, lo que brinda tranquilidad tanto al Estado como a las empresas privadas.
–¿Qué factores motivan a las empresas y entidades públicas a usar la herramienta de OxI?
–Hay dos razones principales. La primera es que las empresas, en lugar de pagar sus impuestos y esperar un largo proceso de distribución de fondos, pueden invertir directamente en proyectos de infraestructura, como colegios o proyectos de agua y saneamiento.
Una vez que la obra está bien ejecutada, la empresa recibe un certificado que puede usar para pagar su impuesto a la renta. Esto les permite ver el impacto directo de sus impuestos.
La segunda razón es que las empresas, especialmente las más responsables, entendieron que si la comunidad a su alrededor no se desarrolla, su negocio tampoco lo hará. Al contribuir al desarrollo de la educación, el transporte y las comunicaciones, están creando un círculo virtuoso que beneficia a su propio negocio, al generar clientes con mayor capacidad adquisitiva.
–¿La normatividad delimita el tipo de obras que puede hacer una empresa con esta modalidad de inversión?
–Cuando OxI nació hace 16 años, estaba enfocado en la construcción de infraestructura, como edificios. Sin embargo, la norma evolucionó positivamente, adaptándose a las necesidades de los usuarios. Hoy se puede ejecutar casi cualquier tipo de proyecto de inversión pública, incluyendo las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR). También se puede financiar la operación y mantenimiento de infraestructuras ya existentes, como el mantenimiento de una carretera.
– ¿Hay un límite para ejecutar esta modalidad de inversión?
– El límite depende de la capacidad de la empresa para ejecutar la obra y de la capacidad de la entidad pública para repagar la inversión. También hay restricciones relacionadas con las competencias de cada nivel de gobierno; por ejemplo, un gobierno local no puede ejecutar un proyecto de competencia regional o nacional.
La norma tampoco permite financiar solo los estudios de un proyecto, sino que estos deben estar vinculados con la ejecución de la obra o su mantenimiento.
–¿Cómo los incentivos fiscales, la participación del sector privado y los procesos de selección influyen en la reducción de plazos y costos?
–Los procesos de selección de OxI son mucho más ágiles que los de la Ley de Contrataciones del Estado. Un proceso de selección de OxI, sin importar el tamaño del proyecto, dura 22 días hábiles, lo que brinda a las entidades una gran certeza sobre los plazos.
En la etapa de ejecución, el principal incentivo es que la empresa financia la obra con sus propios recursos, sin que el Estado ponga un solo sol.
La empresa tiene el mayor interés en terminar la obra rápidamente para recuperar su inversión, ya que se le devuelve el dinero una vez que la obra es entregada y está bien hecha. Esto no solo garantiza rapidez, sino también calidad, ya que la empresa no recuperará su inversión si la obra presenta fallas. Esta combinación de incentivos resulta en obras que a menudo se terminan en menos tiempo y con menores costos de lo previsto.
–¿En qué momento la empresa o entidad pública que realiza OxI obtiene el beneficio del pago de su impuesto a la renta de tercera categoría?
–Es crucial entender que no hay un perdón de impuestos para las empresas que realizan OxI. La empresa financia el proyecto con su propio capital. Recién después de que se entregan los avances trimestrales de la obra y se verifica que están bien hechos, el Estado devuelve el monto invertido por medio de un certificado.
La empresa puede usar este certificado para pagar su deuda tributaria con la Sunat o venderlo a otra empresa y recuperar sus recursos en efectivo. Si el valor del certificado es mayor que su deuda, el saldo puede ser usado en años posteriores y se actualiza con la inflación, por lo que no pierde su valor.
–¿La empresa que realiza la obra elige al contratista para ejecutar el proyecto sin necesidad de hacer una licitación?
–Sí, la empresa financista es la responsable de la ejecución de la obra ante el Estado. El Estado no le exige que contrate a un constructor específico porque la responsabilidad es de la empresa. Normalmente, las empresas privadas realizan sus propios concursos para asegurarse de contratar a los mejores.
Este mecanismo evita el riesgo de obras paralizadas, ya que el privado asume el riesgo de construcción. Si el constructor contratado por la empresa falla o abandona la obra, la responsabilidad recae en la empresa, que debe contratar a otro constructor rápidamente para cumplir con su compromiso. Esto evita que el Estado tenga que lidiar con largos procesos legales y las obras continúen.
–¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el mecanismo de obras por impuestos?
–Un desafío importante es la calidad de los proyectos. Si bien la necesidad de proyectos es grande, la calidad de los estudios a veces es deficiente. Sin embargo, el mecanismo de OxI permite a las empresas privadas proponer mejoras a los estudios existentes, lo que acelera los tiempos de ejecución, ya que no se requiere una licitación adicional para la actualización de los estudios.
Otro reto significativo es el cambio de autoridades. Para mitigar este problema, ProInversión tiene un equipo descentralizado que trabaja con los candidatos de las nuevas gestiones para que conozcan el funcionamiento de OxI y el portafolio de proyectos ya existentes en sus regiones.
Esto asegura que puedan usar el mecanismo desde el primer día de su gestión sin perder tiempo.
–Más allá de la infraestructura, ¿cuál es el impacto social para las comunidades?
–Las empresas suelen elegir proyectos con alta aceptación social, como la construcción de postas médicas o proyectos de agua y saneamiento, en lugar de proyectos menos prioritarios para la población. OxI se convierte en un medio para que las empresas garanticen que la población reciba los servicios públicos que necesita, lo que puede ayudar a evitar conflictos sociales.
Además, muchos proyectos incluyen la participación de la población local, como la contratación de mano de obra y el uso de productos locales. Por ejemplo, en Cajamarca, en el adoquinado de la vía del Gran Qhapac Ñan, se contrató a grupos de madres para poner las losetas. Al sentirse dueñas de la obra, ellas mismas se turnaban para limpiarla, demostrando un sentido de pertenencia y orgullo.
Certificado para pagar el IGV
–¿Es necesario mejorar el marco normativo?
–Sí, todo es perfectible. ProInversión ha promovido constantemente la mejora de la normativa de OxI para que cumpla su objetivo de cerrar las brechas de infraestructura y generar desarrollo económico.
Actualmente, hay un proyecto de ley aprobado por el Congreso que permitirá a las empresas usar los certificados no solo para pagar el impuesto a la renta, sino también el impuesto general a las ventas (IGV), que es mucho más masivo.
Otro cambio importante en discusión es la inclusión de Servicios por Impuestos, que permitiría financiar servicios como programas para combatir la anemia con este mecanismo. Estos cambios normativos son cruciales para acelerar el mecanismo y hacer que más autoridades y empresas se sumen a su uso.
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