El Consejo Nacional del Sistema de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva (CNSJEFD), que preside la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, concretó importantes acuerdos, entre ellos el proyecto de reglamento que deberá ser aprobado por el Ejecutivo mediante decreto supremo.
El reglamento, elaborado por los equipos técnicos de las instituciones participantes, se aprobó durante la segunda sesión del Consejo Nacional del Sistema de Flagrancia, realizada en Palacio de Justicia con la participación de los representantes de las instituciones que conforman el mismo.
Otro de los acuerdos fue el de remitir a la Secretaría Técnica del CNSJEFD el Protocolo de Actuación Interinstitucional de las Unidades de Flagrancia para su revisión, así como subsanar las observaciones planteadas en un plazo de 15 días.
También se aprobó la afectación en uso, a favor del Poder Judicial, de un terreno de aproximadamente 1500 metros cuadrados, ubicado en la jurisdicción de Mateo Pumacahua (límite de los distritos de Surco y Chorrillos), para la construcción de una Unidad de Flagrancia Modelo tipo 1.
Se acordó, además, sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el requerimiento para la asignación de recursos presupuestales, así como remitir el informe técnico de la implementación de las Unidades de Flagrancia Delictiva en el Perú al mes de agosto del 2025.
De igual modo, los participantes convinieron en adoptar las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de la ejecución presupuestal que cada institución ha asumido bajo los alcances de la
Ley 32348, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de este sistema especializado.
Por otra parte, aprobaron poner en conocimiento del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) estos acuerdos, a fin de que se impulse el cumplimiento de la asignación presupuestal que asegure la plena implementación y funcionamiento de las unidades de flagrancia.
“Como ven hay avances importantes, y no debemos dejar de considerar que, a pesar de los esfuerzos desplegados y el compromiso asumido desde cada una de las instituciones, el problema de la inseguridad continúa, y eso es algo que tenemos que enfrentar y afrontar”, señaló Tello Gilardi.
Expresó que la convocatoria a los operadores del sistema de justicia (jueces, fiscales, policías, defensores públicos), demuestra la voluntad, compromiso y la posibilidad de hacer un trabajo articulado, a fin de lograr una política de Estado que permita luchar contra la inseguridad ciudadana.
En la sesión estuvieron presentes el ministro del Interior, Carlos Malaver; el director general de la Dirección de Defensa Pública, Walter Martínez; el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes; el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, general Oscar Arriola; el viceministro de Orden Interno, Félix Pérez, entre otros funcionarios.