Conocido inicialmente como Cras o Centro de Readaptación Social, el penal de Lurigancho fue inaugurado el 14 de diciembre de 1974, durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado. Después de 30 años bajo custodia de la Policía Nacional, a partir de hoy pasa a ser administrado por personal del Inpe.
El Cras de Lurigancho fue construido en una zona que entonces se consideraba “lejos de la ciudad”, en el distrito de San Juan de Lurigancho.
El centro penitenciario, el más hacinado del país, está rodeado hoy por casas construidas ilegalmente a su alrededor, que violan la disposición que prohíbe cualquier edificación a 200 metros de su cerco perimétrico.
Diseño entusiasta
Respondiendo a los enfoques penitenciarios de entonces, sus diseñadores lo proyectaron para superar los clásicos conceptos de castigo y represión. Es decir, no solo se incluyeron espacios para el encierro total (como algunos modelos europeos de control estricto), sino también áreas dedicadas al estudio y trabajo.
Por ello, según cuentan los servidores penitenciarios de antaño, además de los cinco pabellones, con capacidad hasta de 400 reos cada uno, se edificaron grandes hangares para el desarrollo de actividades laborales como carpintería y textilería, entre otras.
Dicha política entusiasta, encaminada a un cambio de conducta positivo, lamentablemente se vio interrumpida por diversos factores políticos y sociales.
Llega la Republicana
La madrugada del 10 de febrero de 1987, el personal asignado del Instituto Nacional Penitenciario iniciaba su servicio de custodia. Había 5,000 personas tras las rejas. El conteo de internos y el encierro total habían culminado y todo estaba en calma.
De acuerdo con los testigos –como el director del penal de aquel entonces, Raúl Pinedo, y sus alcaides, Américo Vargas Palomino e Ismael Cleber Acuña–, un contingente armado de 1,000 agentes de la Guardia Republicana ingresó al recinto en un operativo sorpresa, el cual removió de sus funciones a los trabajadores, civiles que no portaban armas de fuego.
El entonces presidente de la República, Alan García, dispuso que todos los penales del país pasaran a manos de la Guardia Republicana (hoy Policía Nacional del Perú).
El control total entonces cambió de manos y, con ello, también el manejo de los privados de libertad.
La retoma
Después de 30 años, el Inpe casi concluye con el proceso de retoma de los penales (quedan pendientes los centros penitenciarios de San Ignacio y Sicuani).
Hoy se tiene planificado que esta institución reciba de manos del ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, a nombre de la PNP, las llaves del penal de Lurigancho, el más poblado del país con 9,607 internos y con capacidad para solo la tercera parte: 3,204.
La ceremonia será simbólica, pero con un peso histórico, al punto que se prevé que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, esté presente como testigo de este acontecimiento.
Será una oportunidad para contagiarse del ánimo de la ministra María Soledad Pérez Tello, así como del Consejo Nacional Penitenciario, respecto a las proyecciones y posibilidades de este establecimiento carcelario.
Todos hablan de cambios profundos, de humanizar las prisiones y convertirlas en “escuelas del bien”, donde los reclusos salgan transformados por la adquisición de nuevos saberes y prácticas.
La de Lurigancho se convierte así en una historia sin terminar, una que nos invita a conocer y reflexionar.
(FIN) DOP/LIT
GRM