Un cruce de armas entre el presidente del Senado y la titular de la corte suprema de Brasil reflejó esta semana las tensiones crecientes en las esferas del poder ante la investigación del escándalo de corrupción en Petrobras.
Renan Calheiros, presidente del Congreso y el senador más poderoso del país, llamó "juececito" a un magistrado de primera instancia que la semana pasada ordenó la detención de cuatro policías del cuerpo especial de la Cámara alta, sospechosos de limpiar dispositivos de escuchas telefónicas y ambientales en las residencias de legisladores investigados.
"Es lamentable que eso ocurra, es un espectáculo inusitado que ni siquiera se vio en la dictadura militar (1964-1985)", dijo Calheiros, del partido de centroderecha PMDB, al que pertenece el presidente Michel Temer.
El guante fue recogido por la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia. "Exigimos respeto para tener una democracia fundada en principios constitucionales. Cada vez que es agredido un juez somos agredidos todos los jueces", afirmó sin mencionar nombres.
Calheiros, que figura en la larga lista de políticos investigados en la "Operación Lava Jato", también atacó al ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, por haber autorizado la detención de los agentes legislativos, y dijo sentir "odio y asco por los métodos fascistas".
La llamada "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) echó luz sobre un esquema de sobornos empresariales a directivos de Petrobras designados por partidos políticos para manipular las licitaciones, sobrefacturar las obras y luego distribuir el excedente para enriquecerse y financiar campañas.
Según los investigadores el perjuicio ocasionado puede ascender a 12.000 millones de dólares.
Calheiros anunció que el miércoles antes del mediodía sería recibido por el presidente de la República, Michel Temer, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y a Carmen Lúcia, que sin embargo no había confirmado hasta la noche del martes su presencia en ese cónclave.
La serie se inició con el arresto de Guido Mantega y Antonio Palocci, exministros de Hacienda de los gobiernos de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), siguió con la inclusión del propio Lula en la lista de investigados por el STF y culminó con la detención del exdiputado ultraconservador Eduardo Cunha, gestor del impeachment que en agosto derrumbó al gobierno de Dilma Rousseff.
El impeachment puso fin a un ciclo de más de 13 años de poder del Partido de los Trabajadores (PT), iniciado por Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010).
Cunha llegó a ser el único político brasileño con fueros en ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal (STF) en el marco del megafraude a Petrobras, por corrupción y lavado de dinero.
Su figura se convirtió en una de las caras de la corrupción que gangrena al Estado en Brasil. Y su supervidencia fue atribuida a su capacidad de maniobra.
(FIN) AFP/ INT