Por Eduardo GarcíaConsternado aún por la muerte de la niña Jimenita, el Congreso de la República busca dar una respuesta efectiva a la población, que pide mayores condenas para los violadores de menores. Debate empezará en marzo, cuando se reanude la legislatura.
La primera semana de marzo la
Comisión de Justicia del Congreso debatirá el
predictamen de una iniciativa que busca
endurecer las penas para los violadores sexuales, en especial de menores de edad, tras la conmoción social que generó en el país la violación y el asesinato de la
niña Jimenita, en San Juan de Lurigancho, a manos de un
depravado sexual.
La propuesta técnica de la comisión ha sido elaborada sobre la base de nueve proyectos de ley provenientes de diversas bancadas, pero en los últimos días se han presentado nuevas iniciativas, que seguramente merecerán una segunda ronda de debates en el grupo de trabajo que preside Salvador Heresi (Peruanos por el Kambio).
En líneas generales, el predictamen aborda tres aspectos de la legislación penal: inhabilitación permanente e imprescriptibilidad de los delitos de violación de la libertad sexual, sobre el que existe un amplio consenso; aumento de las penas en todos los niveles, tanto para violaciones, tocamientos y proposiciones sexuales, incorporando además nuevos agravantes; y la eliminación de beneficios judiciales y penitenciarios, como el indulto, conmutación de penas, redención de pena por trabajo o estudios, o terminación anticipada.
Mayores penas
El mayor cambio radica en la modificación del artículo 173 del Código Penal, que condena a cadena perpetua al violador cuando la víctima es un menor de hasta 10 años, y entre 30 y 35 años de cárcel cuando se trate de un menor de entre 10 y 14 años, salvo que se ocasione la muerte, caso en que la prisión es de por vida.
Lo que hace la propuesta legal es aumentar la edad máxima para la cadena perpetua: ya no serán 10, sino 14 años o menos.
El segundo cambio es modificar el artículo 170 del Código Penal para elevar a 14 años como mínimo y 20 años como máximo la pena para el delito base de violación, es decir, cuando no media por parte del agresor ningún agravante.
De esta manera, se busca corregir la legislación vigente que solo establece
una pena de entre seis y ocho años, y que quedó de manifiesto a raíz del lamentable caso de la señora
Jennifer Villena, la
empadronadora del INEI que fue
violada por el sujeto Marco Antonio Luza Segundo, durante el censo de octubre pasado.
Cuando se den agravantes, como el empleo de armas de fuego, cuando el violador sea docente, sacerdote, o tenga una ascendencia familiar o laboral (trabajadoras del hogar), entre otros, la pena será entre 20 y 26 años.
Las otras condenas son las siguientes:
-Entre 14 y 20 años de cárcel, cuando la violación se da en estado de inconsciencia de la víctima o imposibilidad de resistir (art. 171).
-Entre 20 y 25 años, cuando la persona sufre de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental (art. 172).
-Entre 14 y 20 años, cuando el violador representa autoridad o vigilancia sobre la víctima, ya sea en hospitales, asilos, cárceles o similares (art. 174).
Tocamientos
El predictamen también establece que los
tocamientos sexuales a menores de 14 años serán sancionados con
penas de entre nueve y 15 años; y cuando la
víctima sea mayor de 14 años, pero menor de 18, el castigo podrá aumentarse cinco años en el mínimo y el máximo de la condena base, es decir, que podría llegar a los 11 años de reclusión.
En lo que respecta a las propuestas de índole sexual, el texto de reforma del artículo 186-B señala que si la víctima es menor de 14 años, la pena será entre cuatro y ocho años de cárcel; pero si tiene entre 14 y 18 años, la sanción será no menor de tres ni mayor a los seis años de reclusión.
No procede el indulto, ni la conmutación de pena, ni el derecho de gracia a los sentenciados por este delito. Tampoco los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, la liberación condicional ni la semilibertad.
Asimismo, en estos casos resultará inviable la terminación anticipada ni la conclusión anticipada en los procesos. Lo que se busca es que el condenado cumpla el total de la pena que le sea impuesta, no solo por la peligrosidad que representa, sino que este tiempo es necesario para pasar por el proceso de resocialización que busca la sentencia.
Cambios son necesarios
Para el penalista Pedro Angulo, exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), el endurecimiento de las penas y las condiciones de reclusión y juzgamiento son necesarios, pues las violaciones a menores se han incrementado peligrosamente (ver cuadro aparte), y es de esperar que esta ley sirva como elemento disuasivo.
Asimismo, respaldó la imprescriptibilidad de estos delitos y la posibilidad de introducir la
castración química contra los violadores, que
ya se utiliza con buenos resultados en Estados Unidos y otros países.
Explicó que la castración no es física, sino química, y consiste en la inoculación de sustancias determinadas para que el condenado puede controlar su libido y de esa manera deje de ser un peligro.
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(FIN) EGZ/LIT
GRM
Publicado: 24/2/2018