El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, instó al Congreso a aprobar el proyecto de Ley que precisa el pase de los trabajadores judiciales del régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) al Decreto Legislativo 728.
Dicho proyecto, recordó, debió ser debatido en la víspera por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, pero no lo hizo por falta de quórum y recién lo desarrollará en la primera semana de noviembre.
Rodríguez consideró que el proyecto debe aprobarse, teniendo en cuenta la octogésima octava disposición complementaria final de la
Ley 30518 (Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año 2017).
La referida disposición exonera al Poder Judicial de las medidas de austeridad en materia de personal establecidas en el numeral 8.1 del artículo 8 de la referida ley para la contratación de personal jurisdiccional y administrativo necesario para implementar la
Ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar).
La aplicación del citado artículo estará sujeto al presupuesto del Poder Judicial, sin demandar recursos adicionales al tesoro público, para lo cual quedan suspendidas las normas que se opongan o limiten el cumplimiento de dicha disposición.
En mérito a esta disposición, este año 414 trabajadores CAS del área de familia ya pasaron al régimen 728.
La propuesta busca fortalecer los recursos humanos en el Poder Judicial teniendo en cuenta que desde el 2013, cuando fue aprobada la Ley del Servicio Civil, la contratación del personal es realizada por contratos CAS, incluyendo el área jurisdiccional como la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la Nueva Ley Procesal de Trabajo, labores que no son de apoyo, sino de carácter permanente.
Esta iniciativa constituye una solución a la problemática generada por el régimen CAS en el sector público, y permite dar cumplimiento a sentencias judiciales que disponen
reconocer al servidor CAS como trabajador permanente bajo los alcances del Decreto Legislativo 728.
El costo del proyecto asciende a 110 millones de soles y, por su impacto en el presupuesto de la República, su implementación puede hacerse progresivamente y de acuerdo a la antigüedad del trabajador, dijo Rodríguez.
(FIN) NDP/VVS/CCR
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Publicado: 18/10/2017