Una lucha contra la piratería que genera millonarias pérdidas a la industria nacional realiza el Poder Judicial junto con otros operadores del sistema de justicia, con la finalidad de frenar el alto índice de productos ilegales que son comercializados en el mercado, más aún en los últimos meses del año.
El titular del Segundo Juzgado Penal con Subespecialidad en Delitos Aduaneros, Tributarios, Propiedad Intelectual y Ambiental de Lima, Américo Flores Ostos, informó que como resultado de este trabajo su despacho evalúa en la actualidad un total de 340 expedientes por diferentes casos.
Según detalló el magistrado, el 68% corresponde a denuncias formuladas por el Ministerio Público por presuntos delitos contra la propiedad intelectual, el 30% por temas aduaneros y 2% restante por afectación al medio ambiente.
Dijo que un claro ejemplo de este trabajo contra la piratería fue el operativo que con la autorización de su juzgado realizaron el Ministerio Público y la Policía Fiscal, para intervenir y cerrar tres portales web que difundían películas y series de televisión sin licencia de las casas audiovisuales.
Libros pirata
Flores Ostos reveló también sobre un reciente golpe contra organizaciones dedicadas a la venta de “libros pirata”, junto con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Fiscalía, en un local del centro de Lima.
Durante la operación fueron incautadas numerosas obras reproducidas ilícitamente y sin la autorización de los titulares de los derechos.
Explicó que como consecuencia de ello su despacho abrió instrucción a Henrry Alberto Jara Cajamarca, denunciado por el delito contra los derechos de autor en contra de las editoriales Gaceta Jurídica, Juristas Editores, Editorial Planeta, Editorial Thomson y el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica – PUCP, en otras.
Explicó que el implicado está con mandato de comparecencía simple y su despacho ha dispuesto un embargo preventivo de sus bienes pues, según el Código Penal vigente, el delito por el que está procesado es sancionado con penas de cuatro a ocho años de cárcel.
El magistrado señaló que entre octubre y diciembre se incrementan los casos por la venta de “juguetes bamba”, medicinas adulteradas o vencidas y productos pirotécnicos prohibidos.
Ante ello, aseveró, su despacho está preparado para atender las denuncias que formule el Ministerio Público.
(FIN) NDP/ART
Publicado: 8/10/2017