El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspendió en el 2018 a 37 alcaldes distritales y cuatro provinciales por contar con mandatos de prisión preventiva o sentencia judicial, algunos de ellos acusados de encabezar organizaciones criminales dedicadas a casos de corrupción, coimas y tráfico de terrenos.
De acuerdo con un reporte de la Secretaría General del JNE, 28 de los 41 exburgomaestres cuentan con orden de prisión preventiva.
Entre ellos, los exalcaldes provinciales
David Cornejo Chinguel (Chiclayo, Lambayeque), Julio Cortez Rojas (Santa, Áncash), José Marreros Saucedo (Barranca, Lima) y José Taipe Pacheco (Churcampa, Huancavelica).
Cornejo, por ejemplo, es acusado de pertenecer a la banda "Los Temerarios del Crimen", dedicada al cobro de coimas para emitir licencias de transporte y de construcción, por lo que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo le dictó 36 meses de prisión preventiva.
En cuanto a distritos limeños, están los casos de los exalcaldes Elías Cuba Bautista (La Victoria), Willington Ojeda Guerra (Punta Negra) y Carlos Arce Arias (Santa Rosa).
Al primero se le imputa ser cabecilla de "Los Intocables Ediles", vinculada al cobro ilegal de estacionamientos y cupos a comerciantes. Los otros dos habrían liderado bandas de traficantes de terrenos en sus jurisdicciones.
Por otro lado, otros 10 exburgomaestres distritales fueron suspendidos de sus cargos al tener sentencia judicial no confirmada, como es el caso de César Infanzón Quispe y Ángel Chilingano Villanueva (ambos de Villa María del Triunfo), y Rafael Álvarez Espinoza (Carabayllo), actualmente prófugo.
Regidores y consejeros
Igualmente, por diversos hechos, el pleno del JNE suspendió a otros tres exalcaldes distritales, así como a 12 regidores distritales, cinco concejales provinciales y dos consejeros regionales.
En total suman 60 autoridades suspendidas, siendo Áncash (10), Apurímac (7) y Lima Metropolitana (6) las regiones que presentan más casos.
De esta manera, el tribunal, presidido por Víctor Ticona Postigo, administra justicia electoral en última instancia en los casos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales que fueron elegidas por voto popular, a fin de preservar la gobernabilidad.
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(FIN) NDP/JOT
Publicado: 6/1/2019