En el periodo enero-abril de 2018 la Contraloría General de la República sancionó administrativamente a 468 funcionarios y servidores públicos, de los cuales 30 son de la región Tumbes, por incurrir en faltas graves o muy graves durante el ejercicio de sus funciones.
Así lo informó la Contraloría que precisó que los referidos servidores sancionados están impedidos de trabajar en el Estado.
De acuerdo a la gravedad de las infracciones, los funcionarios o servidores públicos fueron suspendidos de 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de 1 a 5 años.
Del total de sancionados administrativamente, 153 sanciones quedaron consentidas en primera instancia, es decir, no fueron apeladas por los sancionados; y 315 fueron confirmadas en segunda instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).
Las regiones que concentran el mayor número de funcionarios y servidores sanciones son Lima (85), Cajamarca (50), Lambayeque (46), Tumbes (30) y La Libertad (25), por lo que el departamento tumbesino se ubica en el cuarto lugar.
En Ucayali
En el caso de la región Ucayali, la Contraloría informó que sancionó administrativamente a 10 funcionarios y servidores públicos de esta región en el período de enero a abril del presente año; por incurrir en faltas graves o muy graves durante el ejercicio de sus funciones, por lo que están impedidos de trabajar en el Estado.
Entre los sancionados se encuentran ex trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Poder Judicial y el Gobierno Regional de Ucayali. De acuerdo a la gravedad de las infracciones, los funcionarios o servidores públicos fueron suspendidos de 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de 1 a 5 años.
Con esta cifra, Ucayali se ubica en el puesto 13 del total que regiones con mayor número de sancionados por la Contraloría General de la República.
Responsabilidad administrativa
La Contraloría indicó que la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios o servidores por los mismos hechos.
Resaltó que los titulares de las entidades públicas del país deben ejecutar de manera inmediata las resoluciones que emita la Contraloría General y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, contra los funcionarios y servidores públicos que hayan sido sancionados administrativamente.
Transparencia
Las sanciones de suspensión e inhabilitación son inscritas en el registro de sancionados de Servir y publicadas en el renovado portal web de la Contraloría www.contraloria.gob.pe, como parte de su política de transparencia y acceso a la información. Para acceder a la lista debe dar click al botón “Participación Ciudadana”, luego dirigir el cursor a la sección “Conoce nuestra facultad sancionadora” y ubicar en el lado izquierdo “Registro de sancionados”.
También puede hacer consultas sobre sanciones inscritas y cumplidas en el año 2017.
Autoridades electas por voto popular
Con la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control, vigente desde el 29 de marzo de 2018, las autoridades electas que incurran en alguna acción u omisión considerada como infracción grave o muy grave podrán ser procesados en el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y ser pasibles de sanciones de suspensión y/o inhabilitación, según corresponda.
Procedimiento sancionador
El procedimiento sancionador tiene dos instancias que cuentan con autonomía técnica:
La primera instancia está a cargo de la Contraloría e integrada por el Órgano Instructor que realiza las investigaciones, propone las infracciones y sanciones; y un Órgano Sancionador que impone o desestima las sanciones propuestas.
La segunda instancia a cargo del TSRA, órgano colegiado adscrito a la Contraloría General, resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por los servidores y funcionarios públicos.
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(FIN) NDP/MAO
JRA
Publicado: 19/6/2018