La fiscalía que investiga los presuntos actos de corrupción de la empresa Odebrecht solicitó al Poder Judicial confirmar la prisión preventiva para los directivos de las empresas consorciadas con la constructora brasileña en la carretera Interoceánica.
Ante la Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial, el fiscal Reggis Oliver Chávez, indicó que es legítima la medida contra José Graña y Hernando Graña, ex directivos de la constructora Graña y Montero; Fernando Camet (de JJC), Fernando Castillo (de ICCGSA) y Gonzalo Ferraro.
Explicó que el accionar de estos directivos y exdirectivos evidencia un acuerdo colusorio con Alejandro Toledo, en la licitación de la carretera Interoceánica, por la cual se habría pagado una presunta coima al expresidente.
“El verbo defraudar corresponde al funcionario púbico, los señores no han defraudado al Estado, quien ha defraudado fue Alejandro Toledo concertándose por ellos, prueba de eso es dicho por Jorge Barata, el informe técnico y la declaración de los expertos”, apuntó.
Indicó también que para la fiscalía la distribución equitativa de utilidades, a través de la cual
las empresas consorciadas reconocen a
Odebrecht un porcentaje por liderar la carretera Interoceánica, está permitido por ley.
Sin embargo, lo que cuestiona la fiscalía es que se haya usado este mecanismo "para disfraza y camuflar las presuntas operaciones ilícitas".
“La regla señala que el delito de corrupción de funcionarios se comete en la clandestinidad, con ocultamiento, sofisticación y con el asesoramiento de profesionales de primer nivel”, refirió.
Durante la audiencia se escuchó al empresario Fernando Camet desde el penal donde cumple su arresto domiciliario.
“Rechazo haber asumido actos de corrupción. La fiscalía llega a conclusiones equivocadas, la compensación por liderazgo está establecido internacionalmente, es habitual y se estableció en base a valores internacionales”, sostuvo.
A su turno, Fernando Castillo Divos, sostuvo su inocencia e indicó que las conversaciones entre Barata y Alejandro Toledo concertando una supuesta coima fueron anteriores a la fecha en que se formó el consorcio para operar esta licitación.
La sala dejó al voto la petición de los empresarios y sus abogados que plantean cambiar la prisión preventiva por una comparecencia.
(FIN) FHG
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Publicado: 26/12/2017