La fiscal superior de Lima Este, Ana María Cubas Longa, advirtió que afrontan una enorme sobrecarga procesal que impide la atención de todos los casos, incluyendo los de violación sexual, y dijo que solo en San Juan de Lurigancho hay ocho fiscalías para más de un millón de habitantes.
Reveló que
cada turno recibe un promedio de cien detenidos por diferentes delitos, lo que hace que la excesiva carga procesal -en su mayoría casos de crimen organizado y
delitos contra la libertad sexual- sea difícilmente atendida a tiempo.
Incluso -dijo- dicha problemática ya está generando problemas en la salud de los propios magistrados. “Tenemos un fiscal que lo encontramos tirado en el piso, pues sufrió un derrame cerebral y recibimos la renuncia de otra fiscal también por problemas de salud debido a la situación que viven y que desborda sus capacidades humanas”.
“En el 2017 se recibió un promedio de 3 mil denuncias y si se suma a esa cantidad las pendientes del año anterior, hacen un aproximado de 5 mil denuncias en cada despacho cuando lo apropiado es de 200 a 300”, informó la magistrada.
Urge más presupuesto
Por ello, Cubas Longa hizo un llamado a que se aborde la problemática del distrito de San Juan de Lurigancho desde un enfoque integral, mediante la asignación de recursos necesarios a las entidades encargadas de administrar justicia que operan en dicha jurisdicción.
Agregó que existe una autocrítica de los fiscales de este distrito, que la sobrecarga procesal desbordada no es una justificación, pero que esperan que este problema no continúe más tiempo sin una solución integral por el Estado.
En el programa ‘Sin Reserva’, informó que
en San Juan de Lurigancho existen solo ocho fiscalías para atender a una población superior a un millón 200 mil habitantes.
De otro lado, indicó que a ello hay que sumar que la falta de un presupuesto adecuado hace que se carezca de las herramientas y la logística necesaria para atender rápidamente un caso.
En ese sentido, lamentó que hasta ahora el distrito no tenga una cámara Gesell, lo que genera que las víctimas de violencia sexual y familiar deban trasladarse hasta la sede del centro de Lima. Asimismo, que muchas veces los fiscales deban ir en búsqueda de las víctimas pues se muestran renuentes a acudir al centro de Lima por falta de recursos económicos.
Pese a la difícil situación, la magistrada hizo un mea culpa en torno al reciente
caso de la menor asesinada en San Juan de Lurigancho. Sin embargo, hizo hincapié en que la falta de un presupuesto adecuado para atender la excesiva carga procesal en San Juan de Lurigancho viene perjudicando las investigaciones.
“El Ejecutivo y el Congreso han dado normas para agilizar las investigaciones, como la ley de flagrancia, pero no se asigna el presupuesto necesario para que dichas normas sean efectivas”, sostuvo la magistrada. Demandó además la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el distrito fiscal.
Faltan policías y abogados
Además, reveló que a nivel integral tampoco se cuenta con el suficiente número de efectivos policiales dedicados a labores de investigación en las comisarías del distrito, ni con abogados de oficio que puedan asistir oportunamente a las víctimas, por lo que hizo un llamado a esos sectores a atender dichas necesidades.
“En San Juan de Lurigancho solo existen dos divisiones policiales de criminalística, lo que hace que las pericias no lleguen a tiempo en muchos casos”, sostuvo.
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(FIN) NDP/RRC