Con el objetivo de impartir justicia en delitos ambientales, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, creó un juzgado especializado en materia ambiental, en el Distrito Judicial de Madre de Dios, con sede en la ciudad de Puerto Maldonado, el cual funcionará desde el próximo 1 de abril.
De acuerdo con la Resolución Administrativa N° 033-2018-CE-PJ, el referido órgano jurisdiccional tendrá competencia penal, contencioso administrativo y constitucional ambiental, en todo el Distrito Judicial de Madre de Dios.
La resolución fue aprobada por unanimidad por el Consejo Ejecutivo , presidido por Duberlí Rodríguez Tineo, los magistrados Janet Tello Gilardi, Héctor Lamas More, Augusto Ruidíaz Farfán, Rosa Vera Meléndez y el representante de la Junta de Decanos de los colegios de abogados del Perú, Pedro Angulo Arana.
Según especifica la norma, el órgano de gobierno judicial solicitará al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que efectúe la convocatoria a concurso público para cubrir las plazas requeridas para el nuevo juzgado ambiental.
El juzgado en materia ambiental estará encargado de resolver los delitos de minería ilegal, deforestación, contaminación ambiental y delitos conexos.
Según cifras de los ministerios del Ambiente y de Salud, el mercurio usado en la minería informal en Madre de Dios, ha destruido 32,000 hectáreas de bosques y envenenado a 50,000 personas de esta región, mientras que el 99% de las operaciones realizadas en la zona son informales.
Madre de Dios también lidera el ranking de trata de personas en el país, así como en el de prostitución infantil.
Delitos y penas
También el de trata de personas, delito conexo producto de la depredación del medio ambiente por parte de la minería ilegal (la captación con fines de explotación puede ser castigada por condenas que van desde los 12 a los 20 años).
Asimismo, los delitos de contaminación ambiental que tienen penas que van desde los 4 a los 6 años de prisión y que, en su forma agravada, pueden llegar hasta los 7 años.
En el caso del tráfico ilegal de madera, los condenados son reprimidos con penas que pueden ir desde los 3 hasta los 6 años de cárcel.
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