Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso de la República a reformular el proyecto de ley que plantea prohibir a las entidades públicas y empresas estatales contratar publicidad en medios privados, propuesta que afecta el derecho a la información de los ciudadanos.
En un comunicado, señala que, de acuerdo a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta medida constituiría un supuesto de censura indirecta, que el Estado se encuentra en la obligación de evitar.
“La propuesta implica graves restricciones al derecho de los ciudadanos a acceder y recibir información sobre asuntos de interés público, como problemas y políticas públicas en sectores o materias tan sensibles como la salud, educación o seguridad ciudadana”, señalan.
Al respecto, la Defensoría recuerda que la información es un derecho fundamental que tienen los ciudadanos y un instrumento que tienen los ciudadanos para conocer y supervisar a la gestión pública.
“Por ello, en atención al principio de transparencia, el Estado tiene el deber de informar a la población sobre su ejercicio de gobierno a través de todos los canales de difusión, especialmente aquellos que resulten más eficientes para este propósito”, refieren.
El referido proyecto de ley presentado por el congresista Mauricio Mulder (APRA) plantea que las entidades públicas y las empresas estatales empleen únicamente los medios de comunicación estatales y las redes sociales para difundir información a la ciudadanía.
La Defensoría considera errado pretender reemplazar los medios de comunicación privados con las redes sociales, dado que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cerca del 40% de
la población no accede diariamente a Internet. En algunas provincias son predominantes todavía los medios tradicionales como la radio o los diarios regionales.
Los datos presentados, en opinión de la Defensoría, evidencian que las redes sociales son un medio valioso, aunque aún complementario para difundir la actuación de las entidades públicas a toda la población, en especial a los que cuentan con menos recursos económicos y necesitan esta información.
Advierten, además, una contradicción entre impedir la contratación de medios privados y el uso de las redes sociales que pertenecen a empresas privadas que, en la mayoría de casos, exigen un pago para ampliar la difusión de contenidos.
“La Defensoría del Pueblo considera que el debate acerca de la regulación de la publicidad estatal, con el propósito de evitar su uso político, es positivo; y también sostiene que en dicho debate debe prevalecer el interés público y la necesidad ciudadana de información”, señalan.
(FIN) FHG
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Publicado: 19/11/2017