El contralor general, Nelson Shack, sostuvo que el Estado moderno existe para promover y asegurar el bienestar general de los ciudadanos, y para ello dicta las reglas de juego a las que se someten las empresas y las personas.
“En Perú, si bien en las últimas décadas hemos visto el emprendimiento de importantes reformas legales, de mayor crecimiento económico y un mayor gasto público, aún no conseguimos que el Estado funcione como los ciudadanos quisiéramos”, advirtió.
En el programa Puntos de vista de la Contraloría, indicó que aún existe un 15 % de viviendas urbanas expuestas a inundaciones, cerca del 5 % de la población sin acceso a agua por red pública, 23 % sin acceso al servicio de alcantarillado y un 14 % ha sido víctima de un delito en el último año, entre otros datos.
“La debilidad no solo refleja la falta de efectividad gubernamental, los datos confirman que la negligencia y corrupción son parte de la explicación. La Contraloría ha identificado que alrededor del 12.6 % del gasto se pierde por esas razones”, afirmó.
Manifestó que la ineficiencia del Estado produce además un grave daño en la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones.
“Si queremos un Estado orientado al bienestar ciudadano tenemos que promover su mejor funcionamiento, reducir el comportamiento oportunista y negligente de funcionarios y servidores públicos y, por supuesto, atacar la corrupción”, refirió.
Advirtió que, de los 13,262 funcionarios denunciados por la Contraloría General ante el Ministerio Público, por presuntos actos de corrupción e inconducta funcional cometidos del 2009 al 2021, solo el 4.6 % tiene sentencia.
Sostuvo que la Contraloría ha redoblado en los últimos 4 años su presencia en el ámbito nacional y, aun con la pandemia, produce la mayor cantidad de servicios de control que nunca en su historia (cerca de 27,000 el 2020); sin embargo, los resultados no se han reflejado en la sanción al mal funcionario y servidor público.
Precisó que la recuperación de la capacidad sancionadora le permitirá a la Contraloría inhabilitar de la administración pública al funcionario o servidor que comete irregularidades.
(FIN) NDP/FHG
GRM
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Publicado: 1/10/2021