El Ejecutivo a través del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2018-2021 plantea una serie de medidas para impulsar la inversión privada, de manera que pueda alcanzar una tasa promedio de crecimiento anual de 7.6% entre el 2019 y 2021.
Según el documento presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la inversión privada es uno de los principales motores de crecimiento de la economía peruana y durante los últimos 15 años representó en promedio 17.8% del PBI).
Aseveró que para acelerar su crecimiento (2017: 0.3%, 2018: 4.5%, promedio 2019-2021: 7.6%) se requiere iniciar acciones concretas como asegurar la ejecución y adjudicación de grandes proyectos de infraestructura y establecer las condiciones necesarias para el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
Para lograrlo esta gestión se encuentra comprometida con cinco ejes de acción:
Eje 1:
Implementar al más breve plazo la Ley N° 30737, la cual restituye la capacidad operativa de las empresas constructoras. Los casos “Lava Jato” y “club de la construcción” ponen en riesgo la continuidad de la ejecución de un grupo de proyectos relacionados al sector construcción.
La mayoría de estas empresas mantienen contratos vigentes con el Estado, los cuales involucran inversiones por ejecutar a través de las modalidades de obra pública y APP por 31 830 millones de soles (4.5% del PBI).
Ante esta situación, el 12 de marzo de 2018, se publicó la Ley N° 30737 que establece la creación de un fideicomiso para asegurar el cobro de la reparación civil a favor del Estado y el cumplimiento de la cadena de pagos, estipula que las compañías que adquieran activos de una empresa condenada por corrupción que cumpla con todas las reglas no estarán expuestas a la Ley N° 30737.
Además la Ley permite que las empresas socias e investigadas continúen participando en adjudicaciones del Estado e implementen un Programa de Cumplimiento para reducir significativamente el riesgo de cometer delitos de corrupción.
Actualmente, se está trabajando en el reglamento de esta Ley, el cual será publicado en el segundo trimestre del 2018.
Eje 2:
Asegurar el cumplimiento del cronograma actual de adjudicaciones a través de una mejor coordinación entre el MEF, ProInversión y los sectores involucrados.
Para ello se vienen implementando reuniones de frecuencia más intensiva para monitorear los avances en la ejecución de la cartera de proyectos APP y la adjudicación de nuevos proyectos.
De esta manera, se podrán identificar problemas y plantear soluciones coordinadas más rápidamente.
Esto colaborará con el cumplimiento de la meta de adjudicación de 17 proyectos por 1,853 millones de dólares en 2018 y 23 proyectos por 3,702 millones de dólares entre 2019 y 2020.
Eje 3:
Mejorar los procesos de ProInversión en lo relacionado a estandarizar procedimientos y contratos, y contratar consultores internacionales que permitan mejorar el proceso de promoción y estructuración de proyectos de APP.
Se estandarizarán los contratos de los proyectos de APP para brindar mayor predictibilidad al sector privado, reducir costos y tiempos en la estructuración, y minimizar la existencia de adendas.
Así, por ejemplo, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), los hospitales y carreteras podrían tener un contrato estándar que guíe y facilite la relación entre las partes.
Para ello, el MEF elaborará los lineamientos para el diseño de cláusulas estandarizadas y ProInversión preparará una propuesta de cláusulas estandarizadas por tipos de proyectos y sectores.
Por su parte, en relación a contratar consultores internacionales, ProInversión aprobará el Reglamento de Contrataciones que permitirá una mayor participación de los mismos.
Con ello, se promoverá un mayor alineamiento entre los incentivos de los consultores y el objetivo del Estado, favoreciendo la viabilidad y calidad del proyecto, e incrementando el número de postores.
Eje 4:
Intensificar los procesos de simplificación y eliminación de obstáculos para el desarrollo de proyectos de inversión privada. Uno de los principales obstáculos para la ejecución de proyectos es la demora en la entrega de predios.
Por ello, se perfeccionará el régimen jurídico aplicable a los procesos de obtención de predios para proyectos de infraestructura.
Esto se realizará tomando medidas que permitan la formalización de los predios, y el adecuado y oportuno saneamiento físicolegal y la optimización de los procesos de obtención de predios y liberación de interferencias,
Además una mayor presencia y eficiencia del Estado en las áreas de influencia de los proyectos, con la finalidad de reducir el impacto social, y promover y agilizar la inversión.
Adicionalmente, el Gobierno continuará promoviendo la calidad regulatoria, eliminando y simplificando procedimientos administrativos y requisitos innecesarios o desproporcionados con especial énfasis en sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, inmobiliario, entre otros.
Eje 5:
Garantizar la licencia social para la minería. Con la finalidad de cerrar las brechas sociales y mejorar la calidad de vida de la población en zonas con alto potencial minero, el Gobierno está focalizando inversión pública en estas zonas.
Así, se diseñó el Fondo de Adelanto Social (FAS) que ya cuenta con una asignación de 50 millones en el presupuesto 2018, cuyo reglamento fue aprobado el 6 de marzo de 2018, pero que aún tiene pendiente su implementación.
Sumado a ello, se trabaja en el diseño del Programa de Endeudamiento Garantizado que permitirá ejecutar proyectos de impacto social financiados con emisión de deuda con cargo a ingresos futuros extraordinarios provenientes del canon, sobre canon y regalías.
Con la implementación de estos ejes de acción, se acelerará la inversión en infraestructura y se favorecerá el inicio de un nuevo ciclo de inversión minera. Por un lado, la inversión en infraestructura se incrementaría de 3,600 millones en 2018 a 4,800 millones en promedio durante los años 2019-2021.
Destaca la aceleración en la ejecución de grandes proyectos como la Línea 2 del Metro de Lima y el aeropuerto Jorge Chávez, y los proyectos de irrigación Majes Siguas II y Chavimochic.
Además, se podrá construir una mayor y mejor cartera de proyectos de ProInversión, la cual dará continuidad al dinamismo de la inversión en el país. Por otro lado, las medidas favorecerán el entorno para sostener un nuevo ciclo de inversión minera.
Actualmente, un grupo de proyectos mineros por alrededor de 10,000 millones se encuentra en etapa de obras preliminares, y gestión de financiamiento y permisos, por lo que se prevé que iniciarían construcción este año.
Por ello, se necesita que el Estado promueva un ambiente propicio para su desarrollo.
Entre los proyectos que iniciarán construcción este año destacan Quellaveco (4,882 millones de dólares), Pampa de Pongo (2,500 millones), la ampliación de Toromocho (1,300 millones) y Mina Justa (1,348 millones).
Entre 2019 y 2021, otro grupo de proyectos por 5,000 millones de dólares empezarían construcción como Pukaqaqa (706 millones de dólares), Ampliación Lagunas Norte (640 millones), Corani (585 millones), Magistral (480 millones), entre otros.
Con ello, la inversión minera se aceleraría de 4,900 millones de dólares en 2017 a 5,800 millones en 2018 y a 8,300 millones en promedio para los años 2019-2021.
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(FIN) RGP/JJN
Publicado: 30/4/2018