La organización criminal los Malditos de Santa Rosa, presuntamente liderada por el alcalde Carlos Arce Arias, amasó una fortuna superior a los 20 millones de soles por la venta ilegal de más de 800,000 metros cuadrados de terrenos usurpados al Estado. Conoce cómo operaba esta banda desarticulada hoy.
Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de la
Fiscalía de Crimen Organizado, explicó que esta organización criminal, desarticulada por la Policía Nacional y la Fiscalía, operaba desde el 2001. Junto al burgomaestre fueron detenidos
29 de sus cómplices.
Entre los delitos que se le imputan a la organización figuran usurpación agravada de terrenos, colusión agravada, cohecho pasivo, peculado doloso y falsificación de documentos.
Los Malditos de Santa Rosa seleccionaban los terrenos que querían usurpar dependiendo de si cumplían las condiciones para ser invadidos. Una vez que eran ocupados
instalaban módulos prefabricados y de material noble
para acreditar la residencia y antigüedad en el lugar.
El siguiente paso era llevar "elementos de seguridad" a la zona para preservar los diferentes terrenos usurpados, de preferencia gente de malvivir.
Luego creaban asociaciones de vivienda o asentamientos humanos cuya documentación era legalizada ante la municipalidad de Santa Rosa.
Los responsables de la venta de los terrenos se encargaban de ofrecer y revender lotes para la consecución de réditos. En paralelo, los integrantes de la organización criminal promovían procesos judiciales para evitar que las autoridades competentes pudieran desalojarlos.
La estructura criminal de los Malditos de Santa Rosa incluía roles como el de un brazo armado, financistas, usurpadores, soporte administrativo, testaferros, vendedores, intermediarios, asesor legal, seguridad de invasiones, pobladores y colaboradores.
Este último papel era realizado por funcionarios del Estado. En esa lista aparecen el
regidor Luzgardo Pachacama Mayhuire, el juez de paz Miguel Aguirre Misprieta, el trabajador de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) Óscar Gutiérrez Pérez y el
suboficial PNP Héctor Alata Suárez, entre otros.
Tras señalar que algunos de estos terrenos eran regalados a cambio de réditos políticos de la población beneficiada, Chávez Cotrina dijo que será función del municipio determinar la situación jurídica de esos predios.
“Obviamente, los terrenos tienen que ser devueltos a sus legítimos propietarios”, manifestó.
Por otro lado, Chávez Cotrina indicó que la fiscal a cargo del caso investiga la relación que tendría esta organización criminal con por lo menos seis asesinatos en la zona.
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(FIN) LIT/RRC
GRM
Publicado: 31/1/2018