El secretario técnico de Transparencia, Gerardo Távara, aseveró que los candidatos presidenciales deben conocer el origen de los aportes de campañas electorales e insistió que hacer cambios a la ley electoral para subsanar vacíos a fin de asegurar la transparencia en este aspecto.
Según Jorge Barata, casi todas las candidaturas presidenciales recibieron dinero de Odebrecht para sus campañas, entonces ¿la legislación falló de manera contundente?
–Falló tanto la legislación como la conducta de los actores políticos, porque el problema de la ley es que no tiene sanciones efectivas. No las tuvo antes ni ahora con los cambios que se introdujeron el año pasado. No hay una sanción que disuada de manera efectiva a una organización política de recibir dinero de procedencia ilegal. Solo se aplica una multa, y no se paga nunca. Además, sus montos son pequeños en comparación con el dinero ilegal que ingresa a las campañas electorales.
–¿Este mismo cuadro podría repetirse?
–Este cuadro puede agravarse en las elecciones de este año [regionales y municipales] porque las sanciones siguen siendo exactamente las mismas, no han cambiado para nada; pero además porque el Congreso eliminó la potestad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de pedirle a las organizaciones políticas reportes de ingresos y gastos durante el proceso electoral. Ahora, los partidos solo entregarán un informe final cuando haya terminado el proceso electoral.
–¿Un candidato presidencial debe conocer los aportes a su campaña?
–Sin duda que sí, aunque no los administre. La Comisión Presidencial de Integridad, que encabezó el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega, planteó establecer un sistema de responsabilidades en los partidos, para evitar que después se diga que fue simplemente el tesorero [el responsable de alguna irregularidad], la alta dirección del partido debe asumir su responsabilidad en el manejo financiero. Esa es la dirección correcta, pero nosotros vamos en sentido opuesto, porque este mismo Congreso aprobó que el partido no es responsable de las faltas que cometa el candidato. Entonces ¿cómo se entiende el manejo de las finanzas?
–Mario Vargas Llosa, en El pez en el agua, señala que, cuando fue candidato presidencial en 1990, pidió no conocer la identidad de sus aportantes, precisamente para evitar favoritismos, en caso de ser elegido.
–Más allá de este caso en particular, creo que hay que recoger la propuesta de la Comisión Presidencial de Integridad, y establecer responsabilidad en los partidos políticos. Hoy, en el Perú, ya existe responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las empresas ya no pueden decir que no tenían nada que ver, sino que asumen responsabilidad ante la justicia, y no solo sus ejecutivos. Creo que debemos llevar esa discusión al terreno de las organizaciones políticas.
–¿Por qué satanizar de inicio el aporte de las empresas, si, manejados de manera transparente y bien regulados, los recursos pueden ser algo positivo? Hace algunos años la ONG Reflexión democrática, de empresas mineras, financió campañas de candidatos al Congreso.
–La ley prohíbe los aportes de las empresas y las ONG. Toda legislación debe responder a los contextos en los que se produce. Es comprensible que haya esta preocupación por el dinero de las compañías, en un contexto como el actual en el que muchas empresas privadas están comprometidas en casos de corrupción muy graves. No solo las consorciadas de Odebrecht, figura también el famoso “Club de la construcción”. En un escenario así, no digo que comparta eso, pero entiendo que se quisiera impedir que aporten las empresas. La ley no se hace de una vez y para toda la vida, hay que ir adecuándola a los contextos que ocurren en el país.
Frenesí de gastos
–Entonces, ¿cuál es la solución, es inevitable el financiamiento indebido?
–Hay que pensar en poner topes a los gastos de las campañas. En el Perú, en los últimos 10 años, se triplicó el costo de las campañas. Hoy los partidos gastan tres veces más que hace una década porque no hay un tope en estos egresos. Entonces entran en un frenesí por ver quién gasta más […] y en esa competencia el riesgo de recibir o de pedir dinero sin detenerse a pensar de dónde viene esa plata es muy alto. La Comisión de Constitución del Congreso debiera abocarse con prioridad a corregir las deficiencias en financiamiento político, que vienen desde la ley anterior.
(FIN) DOP
Publicado: 16/3/2018