La Procuraduría de Colombia suspendió por tres meses a los alcaldes de Malambo (norte) y Armenia (centro) por presuntos malos manejos de dineros destinados a atender a población afectada por la pandemia del coronavirus, informó este sábado la entidad.
La medida confirma la sanción impuesta meses antes por el Ministerio Público contra el alcalde de Malambo, Rummenigge Monsalve Álvarez, dentro de una investigación por firmar un contrato por 4.000 millones de pesos (un millón de dólares), para comprar víveres para los más pobres.
Ese contrato no llena, según la Procuraduría, los requisitos legales pues se hizo con personas jurídicas que no tendrían capacidad logística, jurídica y financiera para realizarlo. Malambo es un municipio del área metropolitana de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, uno de los principales focos del coronavirus pues de los 84.442 contagios del país, 20.246 están en esa región.
El caso del alcalde de Armenia, capital del departamento de Quindío, José Manuel Ríos Morales, tiene que ver con presuntas irregularidades en la vigilancia de la celebración y ejecución de cuatro contratos por más de 1.590 millones de pesos (unos 425.000 dólares de hoy).
El Ministerio Público investiga a Ríos por posible abuso de las potestades contractuales que llevaron, al parecer, a seleccionar indebidamente proveedores sin idoneidad, mediante el mecanismo de contratación directa, durante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus.
El pasado 2 de junio la Procuraduría suspendió provisionalmente por tres meses a Ríos Morales y ahora la decisión la confirma la Sala Disciplinaria del Ministerio Público.
Por otro lado, la Procuraduría pidió al Ministerio de Salud que ante el elevado número de casos positivos de coronavirus entre los trabajadores del sector salud en el Atlántico, que son 524, y los más de 531 que están en aislamiento en Barranquilla, "adopte acciones urgentes para la entrega de resultados, tamizajes permanentes y garantía de oferta de servicios".
"Claramente, la situación descrita representa graves riesgos para la garantía de la oferta pública de servicios de salud en esa región del país y demanda acciones inmediatas para conjurar los riesgos epidemiológicos asociados", señala la Procuraduría en una carta dirigida el ministro de Salud, Fernando Ruiz.