Las integrantes de la Comisión de la Mujer del Congreso expresaron su preocupación por la situación de la trata de personas durante el estado de emergencia por la pandemia del covid-19.
Durante la sesión virtual de hoy de dicho grupo de trabajo, la congresista Matilde Fernández (Somos Perú) dijo que es un problema social que debe manejarse de manera transversal con la intervención de todos los sectores.
Por su parte, la legisladora Mónica Saavedra (Acción Popular) consideró necesario que el Congreso haga seguimiento a través de la rendición periódica de cuentas trimestral para conocer los avances, propuesta que ha planteado a través de un proyecto de ley.
En la jornada de hoy participó la fiscal suprema provisional de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, María Isabel Sokolich Alva, para informar sobre las acciones adoptadas y los resultados de investigaciones respecto a los casos de trata de personas y desaparición de mujeres en el año 2020.
“Durante el estado de emergencia, se tiene un total de 110 detenidos, de los cuales la gran mayoría ha sido por flagrancia (79) y por intervención policial (31). Detenidos en estado de emergencia: 88 en Lima Norte, 7 en Cusco, 5 en Tacna, 4 en Puno, 2 en Loreto, 2 en Tumbes, 1 en Puno y 1 en Madre de Dios”, refirió la magistrada.
Informó que los delitos genéricos reportados por la fiscalía especializada en delito de trata de personas en Lima Norte, en su mayoría corresponde a los delitos contra la salud pública y contra la libertad. “
Respecto a los feminicidios, Sokolich informó que del 16 marzo hasta el 31 de julio se registraron 18 casos de feminicidio y 26 por investigarse. “Es algo que hay que investigar porque las cifras no coinciden con el informe de la Defensoría del Pueblo”, indicó.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Carolina Lizárraga (PM) consideró fundamental la implementación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas esfuerzo que debe ser desplegado por el Ministerio Público y la Policía Nacional.
“Esta información es la base para conocer la real situación real y para hacer seguimiento a las acciones que se quieren desarrollar en torno al feminicidio”, dijo.
Al inicio de la sesión, Lizárraga expresó su solidaridad con la lucha del pueblo de Espinar en Cusco afectados por el conflicto socio ambiental con la empresa minera Glencore Antapaccay.
“No es posible que en nuestro país la tensión entre las mineras y la población no se haya superado. Haremos seguimiento a los compromisos que el gobierno asume”, dijo.