La Defensoría del Pueblo advirtió que el retiro de fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) afectará gravemente el derecho a la pensión y salud de miles de adultos mayores.
Asimismo, la institución reiteró que la norma que aprobó el Congreso autorizando el retiro es inconstitucional, pues vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso a una pensión digna.
Reconoció que el Congreso y un importante sector de la población peruana rechazan las reglas vigentes del Sistema Nacional de Pensiones, cuyo requisito de 20 años de aportes dificulta el acceso a una pensión de jubilación; sin embargo, señaló que la norma del Congreso es perjudicial.
"Para la Defensoría del Pueblo, el proyecto en mención resulta abiertamente inconstitucional, pues vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso de toda persona al derecho fundamental a una pensión, así como la garantía de intangibilidad institucional de los fondos y reservas de la seguridad social", precisó en el documento.
Esta garantía, explicó, permite que el dinero de los aportantes, que va a un fondo común, solidario y colectivo, sirva para pagar las pensiones de las personas adultas mayores durante su vejez.
Asimismo, advirtió que una eventual promulgación de la ley podría dejar a miles de aportantes sin acceso a los servicios prestacionales que brinda EsSalud, lo que los pondría en una situación de mayor vulnerabilidad.
La Defensoría mencionó también que es conocimiento público que el Sistema Nacional de Pensiones enfrenta desafíos estructurales, en particular, el crónico déficit financiero que le obliga a requerir transferencias anuales del Estado para cumplir con el pago de los pensionistas.
Por ello, considera que el Congreso de la República debe continuar el debate técnico de una reforma integral del Sistema Nacional de Pensiones, antes que insistir en la devolución de aportes.
En ese sentido, dijo que urge que el Congreso de la República evalúe fórmulas alternativas que permitan armonizar las necesidades inmediatas de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, afectadas por la pandemia, y el respeto al marco constitucional.
"Para la Defensoría del Pueblo, tanto el
Poder Legislativo, como el Ejecutivo tienen la obligación de articular esfuerzos para alcanzar una solución prudente que resuelva los problemas que afectan al Sistema Nacional de Pensiones", sostuvo la institución.
(FIN) NDP/RMCH/VVS
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Published: 9/30/2020