Un juez de la Audiencia Nacional española envió hoy a prisión preventiva y sin fianza al exjuez César Hinostroza, requerido en el Perú por presuntos delitos de corrupción y quien fue detenido en Madrid tras fugar del país andino el pasado 7 de octubre.
El juez José de la Mata dictó la prisión mientras se decide su extradición a Perú por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, según el auto de prisión.
Según De la Mata, los hechos imputados reflejan que el exjuez sería el líder de una organización criminal destinada a la comisión de delitos de corrupción de funcionarios en el Poder Judicial peruano, así como a ocuparse de realizar nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial.
Todo ello, añade, "en connivencia con otras instituciones del Estado, entre las que cita nada menos que al Consejo Nacional de la Magistratura, Corte Superior de Justicia del Callao y Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de la República".
A esto se une, que el reclamado "tenía conocimiento pleno de la existencia del proceso penal dirigido contra él en Perú y, por tanto, de la gravedad de las imputaciones".
"Es obvio, pues, que su presencia en España no es casual, para una mera visita a su hija", como ha alegado en su defensa, rebate en el auto el juez, que considera que "deliberadamente se sustrajo a la justicia peruana marchándose del país y negándose a regresar allá, lo que ha motivado la orden internacional de detención librada contra él por las autoridades judiciales peruanas".
Otro motivo para acordar la prisión sin fianza es su falta de arraigo en España, "quien lo tiene es su hija" y otros familiares que viven en España hace años, dice De la Mata, para el que, pese a ello, "es evidente que él se ha fugado del Perú hace escasamente unos días, justamente para eludir sus responsabilidades".
También tiene en cuenta que dispone "de posibilidades más que ciertas de desplazamiento y de marcharse al extranjero, frustrando los fines extradicionales" por unos hechos que en España serían constitutivos de delitos de organización criminal, tráfico de influencias o el de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Cree además que en este caso el riesgo de fuga se acentúa "por la facilidad que tiene la persona reclamada, por sus recursos, medios económicos, vínculos con otros países y conexiones internacionales, de salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia peruana (ha quedado evidenciado con su propio traslado a España para eludir la acción de la justicia del Perú)".
En su defensa, Hinostroza se ha presentado como víctima de una persecución política en Perú, "donde será probablemente encarcelado hasta un límite de 36 meses de prisión preventiva".
Ha denunciado que los hechos "no vienen respaldados por resolución judicial alguna" y que el "único sustento probatorio" son "conversaciones telefónicas interceptadas por un juez incompetente, en virtud de resoluciones que vulneran sus derechos humanos, que, en todo caso, revelan hechos que carecen de relevancia penal".
A este respecto, el juez explica que el análisis sobre la validez de las pruebas "son cuestiones que deberán ser analizados en el proceso judicial en el Perú" o, en relación a cuestiones procesales, en el proceso de extradición.