El Poder Judicial reanudará a las 22:00 horas la audiencia en la que se leerá la resolución sobre el pedido de prisión preventiva de 18 meses contra cinco representantes de las empresas asociadas con la constructora Odebrecht en la ejecución de la carretera Interoceánica.
Todos ellos son representantes de las empresas
Graña y Montero (G&M), JJ Camet e Ingenieros Civiles contratistas Generales S.A (ICCGSA), socias de la constructora brasileña Odebrecht en el Proyecto Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro
advirtió el peligro de fuga de los cinco representantes de las empresas asociadas con la constructora Odebrecht en Perú.
Durante la audiencia judicial en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva de 18 meses contra los representantes de las empresas asociadas con Odebrecht en la ejecución de la carretera Interoceánica, el fiscal remarcó que “los imputados pertenecen al empresariado más prominente del Perú” y tienen capacidad económica para eludir a la justicia.
Refirió que los cargos contra los representantes de las empresas socias de Odebrecht son por delito de colusión y por lavado de activos.
Hamilton Castro, quien lidera el equipo especial que investiga los sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios peruanos, sostuvo que la justicia debe ser igual para todos.
“Hoy el Perú será testigo (de) si el sistema de impartición de justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos en el país. De eso también se trata esta audiencia señor, con todo respeto", subrayó.
Hamilton Castro también citó el caso Gustavo Salazar Delgado, expresidente del club Regatas de Lima, quien se encuentra prófugo de la justicia por estar involucrado en el soborno de Odebrecht al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito.
“El caso del prófugo Gustavo Salazar es el mejor ejemplo de lo que sucede cuando no se dicta prisión preventiva contra empresarios de este nivel”, indicó.
Hamilton Castro explicó que las empresas socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) cedieron parte de sus utilidades a la constructora brasileña como compensación por el soborno de 20 millones de dólares que se entregó al exmandatario.