La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, aseguró hoy que no hay inconsistencia entre el programa Reactiva Perú y la lucha contra el lavado de activos que impulsa la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
“Todas las normas relacionadas con la prevención de lavados de activos se encuentran plenamente vigentes. Esta es una responsabilidad que compete a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, en ese sentido, no hay inconsistencia alguna entre Reactiva Perú y la apuesta de la SBS de seguir luchando contra esta ilícita actividad”, manifestó durante la conferencia de prensa realizada hoy en Palacio de Gobierno.
Precisamente, un total de 14 empresas que recibieron 52 millones de soles en préstamos bancarios a través de Reactiva Perú estuvo bajo sospecha en casos por defraudación tributaria, lavado de dinero y corrupción. Ocho de ellas han sido consideradas en los informes de la UIF que fueron enviados al Ministerio Público, mientras que las seis restantes están siendo investigadas por la fiscalía, según información publicada por un portal periodístico.
Alva aseguró que Reactiva Perú es un instrumento que conforma el paquete diseñado por el Gobierno para preservar el empleo. “Lo que queríamos es desplegar una serie de instrumentos para mantener oxigenadas a las empresas y puedan para preservar a sus trabajadores. Así como impulsamos Reactiva Perú, también lanzamos otras iniciativas como la prórroga del pago de impuestos, los subsidios a las planillas y la figura de la suspensión perfecta.”
La titular del MEF detalló que Reactiva Perú es un préstamo y no un regalo. “Los recursos pertenecen al Banco Central de Reserva (BCR); no son del tesoro público (impuestos de todos los peruanos). El BCR otorga la liquidez para dar los créditos y el tesoro público garantiza esa liquidez. Si alguna empresas no puede pagar el crédito, será el tesoro público el que lo haga. Sin embargo, para preservar los recursos de los peruanos, se establecieron condiciones para asegurar que las empresas cumplan con sus pagos”, detalló.
Entre estas condiciones figuran que las empresas no pueden tener deudas tributarias, contar con una buena calificación crediticia y quedaron excluidas aquellas comprendidas en la Ley 737 (Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público).
Asimismo, Alva resaltó que se establecieron reglas de juego claras para que las entidades financieras sean responsables en esta asignación de préstamos.
“Si las empresas no cumplen con estos criterios, el Estado retira la garantía y el riesgo de no cumplir con el pago de la deuda será asumido por las entidades financieras. En ese sentido, el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) hará una verificación inicial, pero todo el año podrá solicitar información adicional para determinar si se está cumpliendo con los criterios del marco legal”, manifestó.
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