El constitucionalista Luciano López consideró que el Ejecutivo se encuentra facultado para presentar un proyecto de ley que declare en emergencia el Ministerio Público, con lo cual se elegiría una nueva Junta Fiscales Supremos provisional y procedería la elección de un nuevo fiscal de la Nación.
Explicó que esta sería una salida ante la decisión de Pedro Chávarry de separar a los fiscales Rafael Vela y José Pérez, que afecta las investigaciones del caso Lava Jato y la declaración del ex ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, prevista para la segunda semana de enero.
López recordó que existe un proyecto de ley del
Frente Amplio (FA) para declarar en emergencia el Ministerio Público, iniciativa que podría hacerla suya el Ejecutivo, afinarla y someterla a cuestión de confianza, una facultad prevista en la Constitución.
Mencionó que el jefe del Estado está facultado para someter a cuestión de confianza un proyecto de esta naturaleza, luego de que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la modificación planteada por el legislador aprista Mauricio Mulder.
El constitucionalista advirtió que "estamos en una situación compleja y sui generis", ya que el Congreso y el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) son los dos órganos constitucionales que podrían destituir al fiscal de la Nación.
“La Junta Nacional de Justicia, que reemplazará al CNM, no se va a poder instalar hasta fines del primer semestre 2019 y por vía antejuicio en el Congreso no se ha visto el interés sobre las denuncias constitucionales contra Chávarry (…) estamos en manos del Parlamento, es una situación sui generis”, dijo el abogado a Canal N.
Sostuvo, además, que la decisión de separar a Vela y Pérez del caso Lava Jato no tiene lógica, más aún cuando se está ad portas de recoger el testimonio de Barata sobre los sobornos que entregó Odebrecht en el Perú.
“En 14 días, los nuevos fiscales no se van a poder empapar de una investigación tan compleja como la que involucra a Odebrecht y a autoridades peruanas”, subrayó.
También rechazó que el acuerdo de colaboración eficaz logrado por Vela y Pérez se haga público, como adelantó Pedro Chávarry porque la normativa vigente lo prohíbe.
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