El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, en representación del Poder Ejecutivo, presentó esta tarde ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados.
“La base fundamental de esta acción de inconstitucionalidad es que se está resquebrajando los derechos constitucionales fundamentales como el de la información sobre las tareas del gobierno y la obligación del Estado de informar, difundir sus políticas y logros a la ciudadanía”, dijo.
Heresi refirió que el Gobierno tiene el firme compromiso de garantizar la libertad de expresión e independencia de los medios de comunicación, aun cuando reciben críticas como parte del juego democrático.
“No podemos aceptar que quienes no creen en las críticas de los medios usen las argucias de una norma, a todas luces inconstitucional, como elemento regulador de la publicidad y la prohíban”, apuntó.
Precisó que el Gobierno respalda las otras acciones de inconstitucionalidad contra esta norma, presentada por diversas bancadas parlamentarias, así como aquella que presentarán los gremios periodísticos.
Anunció, asimismo, que el Gobierno evalúa la posibilidad de presentar ante el Congreso un proyecto de ley alternativo porque las acciones de inconstitucionalidad toman su tiempo en el Tribunal Constitucional.
Estudian también la posibilidad de presentar una medida cautelar ante el TC, aun cuando el presidente de este organismo ha señalado que ante esta instancia no se puede plantear un recurso de este tipo.
“El TC tiene autonomía para que, ejerciendo un control difuso, resuelva en forma excepcional la medida cautelar. El presidente del TC adelantó opinión, pero sería bueno que a partir de los fundamentos de la demanda lo avale”, apuntó.
Cuestionó que el dictamen de
ley que prohíbe la publicidad estatal, aprobado en el Congreso, no hubiera tomado en cuenta los procedimientos parlamentarios que establecen que una norma debe tener la opinión de otras comisiones parlamentarias.
Tampoco se tomó en cuenta, según dijo, las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo cuando observó esta norma aprobada en la Comisión Permanente.
Frente a las opiniones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien respalda esta ley, Salvador Heresi refirió que la discrepancia no debe ser un enfrentamiento ni llevar a entorpecer los consensos buscados en el Congreso, pues por encima de todo está el país.
Esta posición, indicó, desvirtúa a quienes afirman que existe un pacto entre el Gobierno y Fuerza Popular.
El único pacto que hay es con la ciudadanía, el país, la Constitución y la ley”, afirmó.
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