Las congresistas Patricia Chirinos y Norma Yarrow del grupo parlamentario Renovación Popular proponen un proyecto de ley que busca modificar el artículo 22 del Código Penal, excluyendo a los sentenciados por delitos de terrorismo de los beneficios penitenciarios por razones humanitarias.
Así, la iniciativa legislativa plantea modificar el artículo 22 del Código Penal para que los condenados por delitos de terrorismo mayores de 80 años queden excluidos de los beneficios penitenciarios otorgados por razones humanitarias, como el arresto domiciliario.
Según la propuesta, esta exclusión se fundamenta en el riesgo que podrían representar los condenados, dado que algunos líderes terroristas mantienen su influencia ideológica.
Fundamentación y exposición de motivos
El proyecto argumenta que, si bien las disposiciones humanitarias del artículo 22 buscan garantizar derechos a personas mayores, la aplicación de estos beneficios a sentenciados por terrorismo podría generar riesgos para la seguridad pública. Las autoras destacan que algunos condenados por terrorismo continúan promoviendo ideologías radicales, lo que podría representar una amenaza latente.
El documento también señala antecedentes de la legislación antiterrorista en el país, incluyendo normas implementadas durante los años más intensos del conflicto, como el Decreto Legislativo 25475. Si bien estas leyes han sido modificadas para garantizar estándares internacionales, la propuesta legislativa busca cerrar cualquier vacío legal que permita interpretaciones favorables a los condenados por terrorismo.
Modificación propuesta
El cambio específico al artículo 22 establece que:
"Los mayores de ochenta años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Se exceptúan de este beneficio los sentenciados por el delito de terrorismo."
Análisis costo-beneficio
De acuerdo con el texto, la modificación no generaría costos adicionales para el Estado, dado que no implica cambios estructurales en el sistema penitenciario. Además, señala que evitar que condenados por terrorismo accedan a beneficios podría optimizar la gestión de recursos y reducir riesgos de reorganización subversiva.
Relación con la agenda legislativa
El proyecto está vinculado con temas prioritarios de la Agenda Legislativa 2023-2024, como la erradicación de la violencia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Además, se enmarca en las políticas de seguridad nacional estipuladas en el Acuerdo Nacional.
(FIN) OPG/CVC
JRA
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Published: 12/26/2024