En una nueva jornada del Despacho Contralor en Ayacucho, el contralor general, Nelson Shack, informó que existen 120 obras públicas paralizadas en la región, con un costo actualizado de S/ 564 millones y un saldo de inversión de
S/ 227 millones al cierre de junio de 2023.
De esos proyectos sin avance físico desde hace 6 meses, 97 están a cargo de las municipalidades, 16 corresponden al gobierno nacional y 7 al gobierno regional, precisó.
Durante una reunión con las autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho, Shack Yalta precisó que las obras públicas paralizadas se ubican en 11 provincias: Huamanga (37), La Mar (20), Huanta (14), Lucanas (14), Cangallo (13), Huanca Sancos (6), Víctor Fajardo (5), Vilcas Huamán (4), Parinacochas (4), Páucar del Sara Sara (2) y Sucre (1).
“Cuando una obra se encuentra paralizada los fondos públicos invertidos se pierden. La pérdida es total y hay que tratar de destrabar, terminar esas obras porque el pueblo las necesita”, enfatizó en su exposición.
El contralor general señaló también que el año pasado, el departamento de Ayacucho habría tenido una pérdida estimada de S/ 542 millones por efectos de la corrupción y la inconducta funcional en sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), lo que representa el 12.9% del gasto consolidado, de acuerdo con un estudio del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General.
En su exposición ante el Consejo Regional de Ayacucho refirió, además, que según los resultados del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2022, a nivel de departamentos, Ayacucho registró un puntaje medio alto de corrupción durante el año pasado con 46.5 puntos, tras la evaluación realizada a 156 entidades de la región de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.
Detalló que el top 10 de las entidades de Ayacucho con mayores niveles de corrupción lo encabeza el Hospital Regional de Ayacucho (71.9 puntos), la Municipalidad Provincial de Huamanga (69.6 puntos), el Gobierno Regional de Ayacucho (68.9 puntos) y la Municipalidad Provincial de Lucanas (60.5 puntos).
“El INCO les va a permitir desarrollar programas de trabajo para que el próximo año mejoren en el ranking”, puntualizó Shack Yalta al destacar las oportunidades que brinda el referido índice disponible en el portal web de la Contraloría General
Servicios de control
Por otro lado, el Contralor General sostuvo que en lo que va del 2023 se han realizado 1110 servicios de control gubernamental en la región, de los cuales 964 corresponden a servicios de control simultáneo en los que se alertaron hechos adversos para que los gestores públicos efectúen las correcciones correspondientes.
En tanto, se han emitido 144 informes de control posterior en los que se establecieron las posibles responsabilidades cometidas por los funcionarios y servidores públicos; así como 2 servicios de control previo.
“Es importante que reaccionen oportunamente a las alertas y situaciones adversas identificadas por la Contraloría en las obras para que dichos proyectos se concreten en favor de la población”, dijo al mencionar que, de las 1,483 alertas formuladas en los informes de control simultáneo, en 835 (56%) no se ha tomado acciones y en 261 (17%) no se ha corregido.
En la reunión con las autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho, el contralor invocó a los consejeros regionales a aprovechar los cursos gratuitos que ofrece la Contraloría a través de la Escuela Nacional de Control (ENC) para fortalecer su capacidad de fiscalización.
Supervisión de obra
Como parte de la jornada de trabajo en Ayacucho, el Contralor supervisó la obra de “Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vial en el tramo que va desde el Penal de Yanamilla a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Totora, ubicado en el distrito de Andrés Avelino Cáceres, en la provincia de Huamanga, a cargo del Gobierno Regional.
Dicha obra, cuyo costo de inversión es de S/ 16 347 106, y que debió concluir a mediados de este mes, presenta solo un avance físico de 29%. Además, mediante servicios de control concurrente se identificaron diversas deficiencias en el diseño y construcción de un puente en el tramo final de la vía en construcción, así como la no ejecución de terraplenes, pese a haber sido valorizado.
El retraso en la culminación del proyecto afecta a 937 563 pobladores. El contralor indicó que la Contraloría realizará un control posterior para el deslinde de las responsabilidades penales, civiles y administrativas de los funcionarios involucrados.
(FIN) NDP/LZD