El Consejo de Ministros aprobó hoy, en sesión extraordinaria, una serie de normas referidas al proceso de regularización migratoria en el país, con el fin de potenciar la vigilancia y mitigar los riesgos que este tema podría reportar para la seguridad nacional, el orden público y el orden interno.
En tal sentido, se dispuso la modificación de los artículos 36, 62-A y 78 del Decreto Legislativo de Migraciones.
Con ello se establecen sanciones para las empresas de transportes que no tengan actualizado el registro y control de su tripulación y pasajeros. La misma penalidad alcanza a aquellas que movilicen personas sin documentos de identidad o de viaje válidos y vigentes o que no cumplan los requisitos para su entrada y salida del territorio nacional.
También se multará a las compañías que no comuniquen a Migraciones sobre su tripulación abordo o que no brinden las facilidades necesarias para la labor de los agentes de control migratorio, como el acceso al medio de transporte para realizar las inspecciones que corresponda.
Protección al turismo
Por otra parte, se aprobó la modificación de la Ley General del Turismo, con el objetivo de establecer medidas en materia de seguridad ciudadana para el fortalecimiento de la Red de Protección al Turista.
Con ello, se precisan las funciones de esta instancia y la incorporación de miembros del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la Dirección de Capitanías de Puertos de la Marina de Guerra y del Ministerio de Cultura.
La Presidencia del Consejo de Ministros informó que esta norma apunta a una mejora en el intercambio de información oportuna en relación a los hechos que afecten a los visitantes y sus bienes, así como las acciones previstas para la atención de los mismos.
De esta manera, se beneficiará tanto a los viajeros nacionales e internacionales, generando un impacto positivo en la economía del país y las regiones, considerando que la este tema es un factor clave para fomentar la imagen del Perú como un destino seguro.
Adicionalmente, el Ejecutivo ha dispuesto medidas de control de insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas. De esta forma, se establece la participación en conjunto de la Policía y la Sunat en actividades donde existan perfiles de riesgo de desvío del uso de sustancias lícitas para cometidos ilegales.
Así, se podrá implementar puestos de control interinstitucionales en la ruta del tráfico ilícito de drogas y se transfiere a la Dirección General contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior la posibilidad de neutralizar y destruir este tipo de elementos.