Con el objetivo de dinamizar el mercado de las operaciones de arrendamiento financiero, el Gobierno publicó recientemente un decreto de urgencia que permitirá a más de 300,000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) tener acceso a una mayor oferta en operaciones de leasing, con mejores condiciones de financiamiento (costo y plazo) más baratas.
El viceministro de Pyme e Industria, José Salardi, comentó que este decreto de urgencia tendrá un impacto en el incremento de colocaciones y volumen de negociaciones de aproximadamente 900 soles a 2,400 millones de soles.
De esta manera, señaló que se plantea aumentar la oferta del arrendamiento financiero a través de operadores privados especializados en operaciones de leasing para la micro y pequeña empresa, que deberán estar registrados en la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs (SBS).
El viceministro Salardi explicó que, actualmente, las operaciones de arrendamiento financiero se concentran en el producto automóviles, otorgado por instituciones financieras tradicionales.
Asimismo, mencionó que solo el 5.7% de las mipymes tienen acceso a operaciones de arrendamiento financiero, debido a la exigencia de los requisitos, garantías entre otros, por lo cual recurren al sistema financiero informal pagando altas tasas de interés.
“Con el decreto de urgencia estamos promoviendo una mayor competencia en el mercado, al permitir el ingreso de nuevas empresas de arrendamiento financiero respecto a las actuales empresas supervisadas por la SBS que brindan este servicio, generando como consecuencia una mayor oferta de financiamiento para la mipyme en condiciones más favorables, para la renovación de sus activos fijos”, dijo a la Agencia Andina.
De esta manera, resaltó que las mipymes tendrán una herramienta financiera accesible, que les permitirá aumentar su competitividad y productividad con la adecuada renovación de su maquinaria y equipo.
Finalmente, el viceministro Salardi indicó que, a partir del decreto de urgencia, los contratos de arrendamiento financiero no tendrán afectación, ni gravamen por mandato administrativo o judicial en la mipyme.
“Los costos operativos bajarán pues los contratos serán más simples y legalizados, además podrá ya no será necesario elevar el contrato a Registros Públicos, excepto cuando ambas partes lo acuerden”, afirmó.