Por María AvalosEl presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros anunció que implementará estándares internacionales en la lucha contra la corrupción, esto es, con la adopción del ISO Antisoborno, a fin de garantizar la eficiencia y probidad en este poder del Estado. En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, el titular de la judicatura expresó también su total respaldo a todos los magistrados que integran el sistema de justicia anticorrupción.
¿El 2019 ha sido declarado Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad. Al respecto, ¿cuál es el compromiso del Poder Judicial en este objetivo nacional?
–Nuestro propósito también es luchar con todas las armas a nuestra disposición contra este flagelo que mina la economía y la moral del país. En ese sentido, hemos planificado implementar lo que se llama el ISO Antisoborno, cuyo objetivo es transparentar los procesos administrativos a efectos de evitar –como su nombre lo indica– el soborno, la componenda y la corrupción. Obviamente también habrá mano firme para descubrir cualquier acto de corrupción y sancionarlo. Aquí, en el Poder Judicial, el funcionario que comete un acto de corrupción no solo será inmediatamente destituido, sino que además se les pedirá a las autoridades, tanto fiscales como judiciales, que le apliquen todo el peso de la ley porque en el Poder Judicial es donde menos debe haber actos de corrupción, debe ser un ejemplo para toda la ciudadanía.
Casos emblemáticos
–En materia de lucha contra la corrupción, este año se viene el juzgamiento de casos emblemáticos. ¿De qué forma apoyará su gestión al desarrollo de estos procesos?
–Con todo el apoyo posible. Creo que el sistema anticorrupción o la corte nacional que preside la doctora Inés Villa Bonilla es uno de los organismos más importantes en el país porque es la encargada de juzgar los grandes casos de criminalidad organizada y corrupción. Desde ese punto de vista me he comprometido, desde el inicio de mi mandato, a brindar todo el apoyo logístico, material y de personal que sea posible, a fin de que se realice un buen juzgamiento y se llegue a sentencias prontas y, sobre todo, transparentes.
Respecto a los procesos emblemáticos, ¿considera usted que el caso Odebrecht es uno de los desafíos más importantes para la justicia peruana, y hasta de América Latina, en los últimos años?
–Sí, evidentemente el caso Odebrecht tiene connotaciones especiales porque no es como en la década de 1990, en que fue un solo gobierno involucrado en diversos actos de corrupción, ahora son varias gestiones relacionadas con una misma empresa en supuestos actos de corrupción, de modo que lo que suceda con Odebrecht marcará un hito importante en el país porque podrá servir de escarmiento a aquellos políticos que creen que la política es para llenarse el bolsillo, y eso no es así. La política es un servicio al país, y el caso Odebrecht demostrará que aquellos personajes que quisieron hacer de la política un negocio terminarán en la cárcel.
–¿La justicia peruana está preparada para este desafío?
–Sí, los magistrados, tanto de la Sala Penal Nacional como del Sistema Anticorrupción, han recibido múltiples capacitaciones al respecto; además, se ha tratado de escoger a los mejores, pero si hubiera alguna deficiencia o necesidad, la presidencia del Poder Judicial estará pronta a cubrir cualquier requerimiento que sea necesario.
Respaldo
–¿Habrá un respaldo a la autonomía y a la independencia de estos magistrados en el desarrollo de los procesos?
–Claro, no solo a estos magistrados, el respaldo a la autonomía e independencia es a todos los magistrados del país, pero especialmente a estos jueces porque los casos que ven son sumamente importantes y, repito, marcarán un hito en la historia judicial del país.
–¿Incluso si conforme avanzan esos procesos los jueces son objeto de recusaciones, como ocurre con el magistrado Richard Concepción Carhuancho, tienen su respaldo?
–Sí. En realidad, cada magistrado se respalda por sí mismo con sus propias resoluciones. El magistrado es dueño de su criterio, nadie puede imponerle nada. Una buena resolución no puede generar ninguna consecuencia negativa para él; por el contrario, una resolución que no esté ajustada a ley si le traerá consecuencias. Nosotros respaldaremos todo acto que esté –repito– ajustado a ley.
–¿Las partes también tendrán la seguridad del debido proceso?
–Por supuesto, la calidad de los jueces dentro de este sistema da garantías de una justicia imparcial y, como reitero, transparente. Pero si así no fuera, si desde el consejo ejecutivo notamos que algún magistrado –que espero que no suceda– trata de torcer la justicia, por cualquier razón, ahí estaremos para tomar las medidas que se requieran.
–La designación de la nueva fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, tras la salida de Pedro Chávarry de la conducción del Ministerio Público, ¿es una noticia alentadora para la justicia anticorrupción?
–El Ministerio Público es un órgano autónomo, toma sus propias decisiones, ha pasado por un momento de crisis coyuntural, que creo está superando con el nombramiento de una nueva fiscal de la Nación. Entiendo que esta nueva autoridad tendrá una política de apoyo total a los fiscales del caso Odebrecht; lo cual me parece correcto. La magistrada Zoraida Ávalos es una persona honorable, conocedora del derecho y, hasta donde sabemos, no tiene ninguna tacha que se le pueda imputar; de modo que creo que hará un magnífico papel.
–Al iniciar su gestión, consideró fundamental que la institucionalidad del Ministerio Público sea también sólida e impecable, con los cambios en esta entidad, ¿diría qué estamos en el camino correcto?
–Claro, el Poder Judicial no se mueve solo y el Ministerio Público es como el combustible de un vehículo. En un proceso penal, el titular de la acción penal es el Ministerio Público, que debe investigar y aportar la prueba; si no lo hace, así se sepa quiénes cometieron el hecho, el juez tendrá que absolver. Por eso es trascendental esta labor del Ministerio Público.
Congreso
–Usted también solicita celeridad al Congreso para atender la regulación de la nueva Junta Nacional de Justicia.
–Claro que sí, hoy sin el Consejo Nacional de la Magistratura el sistema de justicia está casi paralizado, al no existir nombramientos, ni ratificaciones y, sobre todo, destituciones. En estos momentos hay muchos pedidos de destituciones que no se resuelven, y se siguen generando más iniciativas al respecto, incluso de magistrados supremos. En realidad, es un tema que debe ser visto con urgencia, pero no con precipitación.
–¿Con urgencia, pero sin precipitación?
–Por ejemplo, hemos concordado entre los miembros de lo que será la comisión para nombrar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que este tema sea abordado desde dos frentes. El primero, la ley de funcionamiento de la comisión especial, que puede darse en una semana, porque no hay mayor discrepancia al respecto; y el segundo, la norma de la JNJ, que es un poco más complicada. Así, cuando se dé la ley de la JNJ, inmediatamente procede la convocatoria al concurso.
–Usted integrará la comisión, ¿qué aportará?
–Lo que puedo decir al respecto, es que lucharé porque los miembros de la JNJ que se nombren, además de ser juristas renombrados, sean personas intachables, con una formación moral muy sólida porque eso garantizará que los nombramientos de jueces sean correctos, y no volvamos a tener lo que todos ya saben.
–Su elección generó muchas suspicacias por el número de votos que lo respaldó. ¿Cómo espera revertir esas especulaciones?
–Es verdad que en forma excepcional el presidente de la Corte Suprema fue elegido por un número de votos no muy elevado, pero finalmente se eligió. Entonces, en la Sala Plena ya se ha dado vuelta a la página, y nuevamente la armonía está presente. De modo que mi compromiso, junto con toda la Corte Suprema, es cumplir las metas trazadas, y lo haré.
Violencia contra la mujer
–Si bien los procesos contra la corrupción son importantes, también existen otros casos que merecen una atención pronta de la judicatura, como el feminicidio y la violencia contra la mujer. ¿Cuál será la respuesta desde la magistratura al respecto?
–En realidad, el problema de la violencia contra la mujer no es de leyes. Muchas personas, y sobre todo los legisladores, creen que agravando las penas se soluciona el problema, que habrá un efecto disuasivo, y eso no es verdad. Incluso estudios desarrollados en muchos países demuestran que la agravación de las penas no es disuasiva para los delincuentes. Acá existe un problema de educación, de formación. Entonces, la solución definitiva al problema es educar a los niños en un clima de no violencia.
–Pero eso es a largo plazo, mientras tanto…
–Tenemos la Comisión de Justicia de Género, que la preside la doctora Elvia Barrios, y en coordinación con ella se han creado los primeros módulos de justicia de violencia contra la mujer. Para ello, contamos con la colaboración de varios municipios. La política es seguir apoyando la constitución de estos módulos porque nos guste o no es una realidad que en el Perú existe un grave clima de ataque a la mujer, que no puede permitirse. Entonces, haremos todo lo posible porque esto disminuya dentro de las facultades del Poder Judicial y considerando que la agravación de penas no es un remedio, puede ser apenas un pequeño paliativo.
Declaración de intereses
–En su mensaje con ocasión del inicio del Año Judicial, aseguró que su gestión será de cero blindajes a la corrupción y que hará obligatoria la declaración de intereses, ¿cómo pasará del discurso a la acción?
–La declaración jurada de intereses está en camino. Tuve una reunión con el contralor general, que me ha ofrecido implementar este sistema, pues su institución ya lo tiene, y simplemente se requiere traerlo a la judicatura y hacerle quizá algunas pequeñas adaptaciones antes de ponerlo en marcha. Calculo que en un par de meses estaremos exigiendo la presentación de la declaración jurada de intereses
–¿Para marzo?
–Entiendo que sí.
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(FIN) MAC/RES
JRA
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Published: 1/14/2019