El Estado Peruano, a través de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), inició la reforma de la normatividad referida a procedimientos y cargas administrativas, a fin de que las disposiciones que se den al respecto sean verdaderamente efectivas y no redundantes o superfluas.
En entrevista con el programa ‘Andina al Día’, de la Agencia Andina, Heber Cusma, secretario de gestión pública de la PCM informó que el desarrollo de este proceso tuvo su inicio el 1 de julio. Su objetivo es hacer que estas normas necesariamente posibiliten una solución efectiva al problema que abordan, dijo.
Los pasos previos dados con tal fin permitieron determinar criterios para establecer un análisis del impacto regulatorio que estas deben tener. La revisión que se hizo de ellas, bajo ese criterio, permitió simplificar o eliminar 1800 requisitos y derogar 1300 procedimientos administrativos, indicó.
Ello representa 286 millones de soles menos en pagos para quienes están sujetos a este tipo de procedimientos, indicó Cusma.
En ese sentido, a partir de ahora “toda regulación tiene un condicionamiento: hay que emitirla siempre y cuando ayude a resolver un problema”, enfatizó.
Para llevar a ese punto de eficacia las normas regulatorias que se proyecte emitir, estas serán enviadas a un órgano de gobernanza denominado Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (conformado por PCM, MEF y Minjusdh), a fin de que su contenido no repita lo que establecen otras disposiciones y de que, en efecto, su aplicación sea eficaz.
Requisito de la OCDE
Cusma también señaló que esta reforma es necesaria para la adhesión del país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En tal sentido, consideró que el inicio de su aplicación “es un hito histórico” para la incorporación peruana a esa entidad.
De otro lado, precisó que son catorce las entidades del Poder Ejecutivo las que forman parte de este proceso.
Se trata de la PCM y de los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, de la Producción, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, el Indecopi y el Concytec,
También participan el Instituto Nacional de la Calidad, el Sanipes, Servir, la Cofopri, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
En este proceso, se capacitó a 360 servidores civiles y funcionarios públicos, previéndose expandir esta preparación a 125 personas más, dijo Cusma.
“En abril del 2023 ya estaríamos todas las entidades del Poder Ejecutivo aplicando estas nuevas metodologías para mejorar las normas en el Estado”, manifestó.
(FIN) FGM/VVS
JRA
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Published: 7/14/2022