El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, inauguró en la ciudad de Trujillo (La Libertad) el primer debate regional descentralizado para evaluar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad, en el que el 97.7 % de la ciudadanía trujillana, a través de una encuesta digital, dijo estar a favor de la implementación de la misma.
“La sociedad civil no es aquella en la que 4 o 5 expertos se presentan en la televisión y dicen esto es lo que el Perú debe seguir. Nosotros dijimos que tenemos que escuchar a las fuerzas vivas de cada región del país para saber si en efecto están a favor o en contra de la pena de muerte”, expresó.
Esta primera jornada de audiencias se ha organizado en la región La Libertad, zona clave del norte del país donde el alto índice de criminalidad ha generado gran interés y preocupación en diversos sectores de la población en relación al tema planteado.
“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y el Gobierno no tienen una posición ni a favor ni en contra. Este no es un debate para tener réditos políticos, es un espacio franco, sincero y honesto para recibir las impresiones de la ciudadanía", añadió.
Espacio de diálogo
El objetivo de este debate fue abrir un espacio de diálogo inclusivo y plural que permita recoger opiniones y posturas de diversos actores sociales. Por ello, se convocó a representantes de la sociedad civil, instituciones del sistema de justicia, la Iglesia, organizaciones políticas y ciudadanos en general.
“Lo que estamos proponiendo el día de hoy es escuchar a las fuerzas vivas de la Nación, a las fuerzas concurrentes para que digan su verdad y su posición. Usted madre, usted padre, usted joven universitario, profesional, digan lo que piensan, hágannos saber lo que consideran pertinente. Queremos escucharlos y hoy es una buena oportunidad”, sostuvo.
Durante la jornada también se buscó identificar consensos y analizar las implicancias éticas, jurídicas y sociales de una medida tan drástica como la pena de muerte. Asimismo, se tomaron en cuenta otros temas relevantes que los participantes consideren vinculados a esta problemática.
En este primer debate participaron César Acuña Peralta, gobernador de La Libertad; Víctor Burgos Mariños, presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; Lea Guayán Huaccha, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad; Wilmer Sánchez, alcalde distrital de La Esperanza; padre Marco Antonio Pacherres Torrejón, representante de la Iglesia católica.
Asimismo, el padre Ricardo Angulo Bazauri, licenciado en Derecho Canónico; Yvo Hora Ordinola, decano del Colegio de Abogados de La Libertad; Francisco Huertas, decano del Colegio de Economistas; y Maresa Vásquez den Oudsten, directora ONG Cambiando Horizontes.
Opiniones
También participó el congresista Carlos Alva Rojas, quién señaló: “Estamos pasando una situación difícil, pero desde el Congreso visualizamos un cambio, tenemos que ser fuertes y sólidos. Queremos el bienestar de nuestra población, de nuestros hijos y que ningún niño pase por lo que pasan cuando son violentados. Si esto llega al Congreso daré mi voto a favor. No más violadores en el Perú”.
El alcalde de Florencia de Mora, Wilson Toribio Vereau, indicó que “el pueblo es el que elige y le da el poder a las autoridades, y lo que el pueblo pide es justicia. Ojalá que con esta iniciativa presentada por el Minjusdh con el debate descentralizado se puedan llegar a tener conclusiones sobre lo que realmente la población quiere y contribuir con la tranquilidad de saber que las próximas generaciones tendrán una vida digna. Es importante que se debata este hecho, así como otros como la inseguridad. Lleguemos a los pueblos lejanos”.
Diego Tocas Quesquén, coordinador nacional del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, afirmó: “La violación de un menor no solo es un delito, sino también una atrocidad que atormenta a las familias; ningún niño o niña debe vivir con el peso de un trauma que le durará toda la vida. Nuestra responsabilidad como sociedad es actuar con decisión. La propuesta debe analizarse desde tres perspectivas: la justicia, la prevención y nuestra identidad como nación comprometida con los derechos humanos”.
Declaración
Todos ellos suscribieron una declaración en la que señalaron haber emitido su opinión con libertad, en el marco del respeto de sus posiciones y convicciones. Además, indicaron que la legitimidad democrática exige el diálogo respetuoso, la argumentación racional y la deliberación pública.
“Quiero agradecer a los presentes por esta apertura y también a los miembros de esta mesa porque su participación significa que confían que este es un debate honesto que va a permitir exponer las razones de cada uno para llegar, en su momento, a una decisión del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios”, finalizó el ministro.
De esta manera, el Minjusdh reiteró su compromiso con la transparencia y la descentralización, garantizando un debate público y democrático.