Luego de 1 hora y 30 minutos de debate, con 11 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, se aprobó la insistencia de la autógrafa de la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Perú.
La sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, que se lleva a cabo de manera semipresencial en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, comenzó a las 17:00 horas, bajo la conducción de la titular del grupo de trabajo legislativo, Patricia Juárez.
Durante el debate, la presidenta del grupo de trabajo, Patricia Juárez, se refirió a las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo.
"En ese sentido, se procedió analizar los argumentos y el sustento constitucional de cada una de las observaciones llegándose a la conclusión, en cada caso, de que éstas se originan en una errónea interpretación del contenido de la ley aprobada por el Congreso, y además se sustenta en un análisis incompleto de la jurisprudencia constitucional", expresó.
Señaló que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no es una reforma constitucional, sino es una ley de desarrollo constitucional.
"Qué dice la Constitución Política del Perú sobre el Tribunal Constitucional. Dice que es el órgano de control de la Constitución, en ninguno de los artículos relativos a Este órgano, se dice que el Tribunal es el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú", sostuvo.
El parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) señaló que los argumentos observados por el Ejecutivo han sido ampliamente debatidos en la Comisión y el Pleno.
"Ya hemos discutido también en esta comisión la imposibilidad de poder hacer una cuestión de confianza sobre reformas a la Constitución, más aún, cuando el presidente de la República no puede ni siquiera observar las leyes e reformas aprobadas por el Congreso", indicó.
Por su parte, el legislador Wilson Soto Palacios de Acción Popular, dijo que los congresistas por mandato constitucional interpretan la Constitución y la ley en cada uno se los actos que impulsan para no transgredirlo.
Los parlamentarios Eduardo Salhuana Caviedes (APP), Ruth Luque Ibarra (Juntos por el Perú), Flor Pablo Medina y José Jeri Oré (Somos Perú-Partido Morado), se mostraron en contra de la votación por la insistencia y señalaron que no contribuye a la restauración social y de diálogo.
La legisladora Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País) dijo que como congresista tiene el deber de defender el fuero parlamentario y la institucionalidad del Congreso y otros poderes del Estado.
El legislador Héctor Ventura Angel (Fuerza Popular) coincidió con su colega y dijo que es una oportunidad de darle confianza y gobernabilidad para el bienestar político y económico al país.
Por su parte, el congresista Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) indicó que se debe buscar la pacificación y que la norma en su contenido delimita las funciones exclusivas excluyentes de cada poder del Estado. "Justamente el no respetar estas competencias es lo que ha generado una confrontación política en nuestro país", sostuvo.
La congresista Gladys Echaiz De Núñez (Alianza Para el Progreso) señaló que el Congreso tiene funciones establecidas. "Nosotros venimos cada cual en su comisión tratando de hacer lo mejor que puede, y no para generar o crear conflictos, sino en busca de encontrar la estabilidad que se necesita para que todos podamos trabajar con la seguridad y tranquilidad que el país demanda", dijo.
Cabe recordar que el pleno del Congreso había aprobado el 16 de setiembre pasado un dictamen con el que se busca interpretar los alcances de los artículos 132 y 133 de la Constitución. El objetivo del mismo era definir sobre qué temas el Poder Ejecutivo puede plantear ante el Parlamento una cuestión de confianza.
Posteriormente, esta autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo, que envío un documento con sus atingencias el miércoles 6 de octubre. En este se indica que la referida iniciativa “vulnera el principio de separación de poderes y las competencias del Poder Ejecutivo vinculadas a la formulación e implementación de políticas públicas”.