Ejecutivo presentó proyecto ley para delegación de facultades por 60 días

Pide que documento sea tramitado con carácter de urgencia

ANDINA/Jhony Laurente

23:00 | Lima, may. 2.

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley en el que solicita facultades para legislar en diversas materias, entre ellas gestión económica, reconstrucción, lucha contra la corrupción, modernización del Estado y protección a víctimas de la violencia.

En el documento firmado por el presidente Martín Vizcarra y el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, se pide disponer a trámite con el carácter de urgente el mencionado proyecto de ley.

Los temas para los cuales piden facultades legislativas son: Materia Tributaria y Financiera, de Gestión Económica y Competitividad, de Reconstrucción y Cierre de Brechas en Infraestructura y Servicios, de Integridad y Lucha contra la Corrupción, de Prevención y Protección de Personas en Situación de Violencia y Vulnerabilidad y de Modernización de la Gestión del Estado.

En el documento el Poder Ejecutivo pide la facultad de legislar por el plazo de 60 días calendario en las mencionadas materias.

Presidente Martín Vizcarra presenta proyecto de ley para la delegación de facultades por 60 días

En materia tributaria y financiera, el Ejecutivo propone modificar la Ley del Impuesto a la Renta con la finalidad de fomentar la inversión, otorgar seguridad jurídica, reducir la evasión y elusión tributaria, ampliar la base tributaria, simplificar el sistema tributario, mejorar la progresividad del sistema tributario, eliminar posibilidades de arbitraje, fomentar el uso de comprobantes de pago y perfeccionar la normativa referente a los regímenes tributarios simplificados.

En materia de reconstrucción, el Ejecutivo plantea disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y medidas especiales para atención a población damnificada.

También sostiene que legislar en materia de integridad y lucha contra la corrupción, permitirá impedir el ingreso o permanencia de servidores en la administración pública que hayan sido condenados penalmente por delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento al terrorismo.

(FIN) SMA/FHG

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— Agencia Andina (@Agencia_Andina) 3 de mayo de 2018

Published: 5/2/2018

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