El Poder Judicial dispuso 10 de días de detención preliminar para Carlos Eugenio García Alcázar, el exasesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) implicado en el caso Club de la Construcción.
El exfuncionario había sido detenido hoy durante un operativo de la Fiscalía en inmuebles de empresarios vinculados a contrataciones ilícitas con el Estado, en el marco del caso Lava Jato.
El referido investigado pasó el control de identidad en la sede del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el edificio Carlos Zavala Loayza, del Centro de Lima.
El Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF) dispuso la medida cautelar de allanamiento de 43 inmuebles en diversos distritos de Lima, en el marco de una indagación preliminar por el caso Club de la Construcción.
Los inmuebles figuran a nombre de diversos investigados y están ubicados en los distritos de Santiago de Surco, San Borja, San Isidro, Miraflores, Ate, La Molina y Cercado de Lima.
La medida fue ordenada por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, ante el requerimiento formulado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
En su solicitud, la Fiscalía señala que el Club de la Construcción habría operado del 2011 al 2014, conformado por representantes de empresas privadas, un representante (lobista) de estas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y un funcionario público de este portafolio.
De acuerdo con su tesis, “colaboradores eficaces” habrían manifestado que existió un pacto entre empresas peruanas y extranjeras para “distribuirse” el otorgamiento de la buena pro de diversas obras de carreteras en el ámbito nacional.
La orden judicial de allanamiento fue dada con la finalidad de encontrar bienes e información de interés de la investigación como documentos ("vouchers", contratos por licitaciones públicas, contratos entre empresas, documentos vinculados a obras requeridas mediante licitación pública, recibos por honorarios, facturas, equipos informáticos, entre otros).
Cabe señalar que la disposición judicial comprendió el registro domiciliario con descerraje en caso de negativa o ausencia de personas en el inmueble, y autorización para la detención de personas en situación de flagrancia o con mandato judicial.
La medida fue ordenada para que el equipo especial del Ministerio Público la ejecute en un plazo máximo de duración de 24 horas.
(FIN) NDP/SMA
GRM
También en Andina:
Published: 1/12/2018