El Poder Judicial confirmó la medida de detención preliminar hasta por diez días contra el empresario Gonzalo Monteverde Bussellau y otros, quienes habrían prestado sus empresas a la constructora Odebrecht para realizar transferencias ilícitas de dinero.
La decisión fue adoptada por el Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones de la Corte Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.
Además de Monteverde Bussellau, la medida alcanza a su esposa María Carmona Bernasconi y a sus socios Marcionila Cardoso Pardo y Jorge Salinas Coaguila.
A todos la Fiscalía les atribuye la comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.
Asimismo, la sala confirmó la medida de allanamiento de bienes inmuebles vinculados con Cardoso Pardo y Salinas Coaguila, dictada también el 22 de febrero por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.
El tribunal señaló que este caso cumple los requisitos que exige el Código Procesal Penal para dictar detención preliminar, es decir, que existen “razones plausibles” para considerar que los implicados cometieron delitos sancionados con más de cuatro años de prisión y que existe la posibilidad de fuga.
Por otro lado, el colegiado revocó la decisión judicial dictada contra Carlos Ángeles Figueroa y ordenó su inmediata libertad porque no existen suficientes elementos que evidencien el peligro de fuga.
Durante el debate, el fiscal Oliver Chávez Sánchez explicó que empresas vinculadas con Monteverde Bussellau y demás imputados recibieron dinero de Odebrecht, y luego lo transfirieron a cuentas propias, de terceros, así como a empresas off shore con el propósito de ocultar dinero de procedencia ilícita.
El tribunal que emitió esta resolución lo preside el juez superior Ramiro Salinas Siccha y lo integran los magistrados Juan Guillermo Piscoya y Víctor Enríquez Sumerinde.
(FIN) NDP/ SMA
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Published: 3/2/2019