El miembro integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), José Carlos Aguado, informó hoy que se procesaron 2,814 solicitudes de arbitraje durante el 2021.
De ese número, se iniciaron 164 procesos arbitrales y se emitieron 120 laudos, indicó durante su participación en el I Seminario Internacional de Arbitraje de Consumo: “¿Qué es y cómo impacta en nuestro país?”.
Además, el personal de la Junta Arbitral ha absuelto 2,188 consultas mediante canales electrónicos y vía telefónica, refirió.
El arbitraje de consumo es una alternativa para solucionar estos problemas de forma rápida sencilla y gratuita, en el cual interviene un profesional experto en la materia, imparcial e independiente, quien emite una decisión final, conocida como: laudo arbitral, señaló.
Este mecanismo resulta fundamental para la ciudadanía, pues es una opción que tienen los consumidores cuando no les es posible llegar a un acuerdo con un proveedor de bienes y servicios mediante la mediación y conciliación, refirió.
Asimismo, genera un espacio de sinergia entre la sociedad civil, el Estado y los proveedores, debido a que todos participan voluntariamente en su desarrollo, a través de árbitros de consumo, decisiones de proveedores y el empleo del proceso arbitral para la resolución de controversias, anotó.
El sistema de arbitraje de consumo incrementa el compromiso de los agentes económicos, promoviendo relaciones de consumo eficientes que en el largo plazo generan incentivos para que las empresas respeten con mayor diligencia los derechos de los consumidores, manifestó.
“Nuestro propósito como institución es la promoción de un sistema eficiente en la solución de conflictos en materia de consumo”, mencionó.
Defensa de consumidores
A su turno, la directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, Ana Peña, sostuvo que Indecopi tiene un gran reto y responsabilidad al habérsele encargado ser la entidad rectora del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor en el país.
“Esto implica proteger a la ciudadanía y defender sus derechos”, aseveró la funcionaria durante su participación en el evento antes mencionado.
En la defensa de los derechos se tiene que implementar mecanismos de solución de conflictos agiles, y en este tema el arbitraje de consumo se presenta como una gran oportunidad, expresó la funcionaria.
Destacó que el 26 de julio del 2016 iniciaron actividades a través de la Junta Arbitraje de Consumo en el país y a la fecha se atendieron más de 4,000 solicitudes. “Y tenemos mucho por crecer y desarrollar”, agregó.
Más en Andina:
(FIN) MMG/JJN
Published: 3/17/2022