La Defensoría del Pueblo anunció que la supervisión del proceso electoral del próximo 26 de enero de este año, donde se elegirán a los congresistas que ostentará este cargo durante el periodo 2020-2021, con la finalidad de garantizar la transparencia del mismo.
A través del pronunciamiento 028/DP/2019, el organismo precisa que esta labor la cumplirá de acuerdo al mandato constitucional y tal como lo hizo en anteriores elecciones.
"La Defensori´a del Pueblo (...) supervisará el presente proceso electoral a través de sus 38 oficinas a nivel nacional con el fin de garantizar el máximo de transparencia, condiciones igualitarias de competencia electoral, y el más amplio conocimiento de los candidatos y candidatas y de sus propuestas", señala.
En ese sentido, señala que se supervisará, por ejemplo, "que no se excluya injustificadamente a las y los candidatos, que no se haga uso irregular de recursos públicos en la campaña electoral y que se respete el derecho de sufragio de las personas con discapacidad, entre otras acciones".
Asimismo, sostiene que corresponde a las autoridades integrantes del sistema electoral (Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identidad y Estado Civil), implementar y desarrollar el proceso electoral en condiciones de alta confiabilidad para los ciudadanos y ciudadanas, candidatos y candidatas y organizaciones políticas.
"En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exhorta al JNE a interpretar las normas electorales y resolver los procedimientos en plazos razonables. Del mismo modo, hace un llamado a las tres entidades del sistema electoral a cumplir sus funciones de manera coordinada y ateniéndose estrictamente al calendario electoral. Es indispensable que el proceso electoral se desarrolle con predictibilidad y en respeto de la Constitución", agrega.
Igualmente, refiere que es "urgente y necesario" que los organismos del sistema electoral informen detalladamente a la ciudadanía sobre los avances en la organización del proceso electoral, las garantías de transparencia, y las normas vigentes aplicables al mismo.
"Las autoridades integrantes del sistema electoral tienen la obligación de cautelar los principios de neutralidad y de participación política en condiciones de igualdad, consagrados en la vigente legislación electoral peruana", explica.
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo exhorta a las organizaciones políticas a adoptar un porcentaje mayor al 30% corrrespondiente a la cuota electoral de género y el sistema de alternancia en las listas de las candidaturas.
(FIN) JCC
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Published: 1/3/2020