Juan Carlos Morillo Ulloa se ha convertido en el cuarto gobernador regional de Áncash que es alcanzado por la justicia antes de terminar su mandato. Desde el 2014, las máximas autoridades de esta región del centro han tenido un común denominador: todos han sido encarcelados acusados de delitos de corrupción o contra la fe pública.
A febrero de este año,
Áncash fue la región que más transferencias recibió por concepto de canon minero con 81.2 millones de soles. La bonanza económica producto de la actividad minera ha sido constante – también desde el 2014- en Áncash.
Pese a ello, los problemas judiciales de sus principales autoridades han creado un ambiente de inestabilidad, tal es así que entre el 2016 y 2017 la región llegó a tener hasta tres gobernadores.
A continuación, un repaso por las autoridades ancashinas que han tenido problemas con la justicia.
2014: César Álvarez Aguilar
En mayo de 2014 el Ministerio Público acusó al entonces gobernador regional de Áncash de ser el autor mediato del crimen del exconsejero regional, Ezequiel Nolasco, un opositor a su gestión que fue asesinado de 7 disparos en Huacho el 14 de marzo de ese mismo año.
César Álvarez afrontó, primero, una orden de detención preliminar por 15 días acusado de crimen organizado y de liderar una organización criminal que se había enquistado en el gobierno regional de Áncash para beneficiarse del dinero de licitaciones y procesos.
La acusación por el caso Nolasco, fue solo el inicio del rosario de imputaciones fiscales que ha acumulado Álvarez por presuntos actos de corrupción que se habrían cometido en su gestión. Incluso, el chimbotano se convirtió en la primera autoridad peruana en ser sentenciado por un caso relacionado con Odebrecht.
Debido a los problemas judiciales, Álvarez no terminó su segundo mandato conduciendo las riendas de Áncash. El Consejo Regional de Áncash, nombró a Zenón Ayala como el nuevo gobernador, quien se encargó de liderar la transición hasta las próximas elecciones.
Actualmente, Álvarez y más funcionarios de su entorno, continúan cumpliendo prisión por sonados casos, entre ellos, el de “La Centralita”.
2016: Waldo Ríos
Contra todo pronóstico, el
polémico excongresista Waldo Ríos Salcedo, llegó a ser gobernador regional de Áncash para el período 2015 -2018. Pero él tampoco culminó su mandato.
Desde el inicio de su gestión tuvo problemas. No pudo asumir hasta mediados de 2015 porque no estaba rehabilitado por la justicia porque no había cumplido con pagar el millón de soles de reparación civil que se le fijo como pena tras ser sentenciado por recibir dinero de Vladimiro Montesinos.
Cuando se pudo sentar en el sillón regional, su gestión estuvo marcada por polémicas decisiones y también por escándalos y denuncias por presuntos hechos irregulares.
Waldo Ríos llegó al gobierno regional arrastrando procesos judiciales que heredó de su paso por la Alcaldía de Huaraz. Finalmente, una de esas acusaciones, por peculado doloso, le pasó la factura y el 28 de septiembre de 2016 fue sentenciado a cinco años de prisión.
A la fecha, Ríos Salcedo permanece recluido en el penal Víctor Pérez Liendo de Huaraz cumpliendo su condena, pero también afrontando otras investigaciones fiscales producto de su breve paso por el gobierno regional.
2017: Enrique Vargas
Fue elegido vicegobernador regional de Áncash, tras integrar la plancha de Waldo Ríos, con quien, una vez en el poder, entró en una rivalidad marcada.
Enrique Vargas fue gobernador de enero a junio de 2015, mientras Waldo Ríos aún no podía asumir y luego retornó al sillón regional en octubre de 2016 cuando el excongresista fue sentenciado.
Pero Vargas también tuvo problemas con la justicia cuando ingresó a la administración regional. En abril de 2017 fue sentenciado a 5 años de cárcel por incongruencias en su hoja de vida en agravio del Jurado Nacional de Elecciones.
En junio de 2018, Enrique Vargas abandonó el penal de Huaraz, luego de que su defensa solicitara la conversión de su pena, validándola por trabajos comunitarios.
En su reemplazo fue nombrado el consejero regional Luis Gamarra Alor, quien asumió las riendas de Áncash hasta fines de 2018.
2020: Juan Carlos Morillo
Juan Carlos Morillo ha sido la última autoridad ancashina en ser vinculado con temas de corrupción. Él por el momento afronta una detención preliminar, pero fuentes de la Fiscalía indican que el siguiente paso sería que haga frente a un pedido de prisión preventiva.
El caso por el cual Morillo ha interrumpido su función tiene que ver con presuntas irregularidades en la edificación de ambientes para atención de pacientes covid-19 en el hospital regional Eleazar Guzmán Barrón.
Pero, además, en la Fiscalía del Santa Morillo también tiene otra investigación que lo pone contra las cuerdas y tiene que ver con una obra que su empresa constructora edificó para el Proyecto Chinecas en la gestión de César Álvarez.