El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) aprobó el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género, cuya finalidad es lograr su implementación a través de los servicios.
La norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano, a través del
Decreto Supremo N° 002-2020-MIMP, implica el trabajo articulado y coordinado con todas las entidades responsables, de modo que puedan alinear sus instrumentos de planificación estratégica y operativa, según cada nivel de gobierno.
Asimismo, se establecen los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios dispuestos en la Política Nacional de Igualdad de Género; implementar y ejecutar los servicios de acuerdo con estándares de cumplimiento y protocolos que garanticen su contribución al resultado esperado; y hacer el seguimiento y evaluación a la implementación y desempeño de los servicios.
Plan Nacional
Cabe indicar que la Política Nacional de Igualdad de Género plantea seis objetivos prioritarios, siendo el primero la reducción de la violencia hacia las mujeres.
Así, debido a su gravedad se brinda lineamientos y servicios públicos para que, desde el Estado las diversas instituciones involucradas adopten, de manera articulada, medidas concretas para su atención, incluyendo como personas beneficiarias a mujeres, niñas, niños y adolescentes u otros integrantes del grupo familiar.
La violencia contra las mujeres requiere de una transformación social, política y cultural, y se plantea, como situación futura deseada, reducir de 10.6%, en el 2017, a 2.4% en el 2030, el porcentaje de mujeres víctimas de violencia física y/o sexual.
El segundo objetivo, es garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y se plantea, como situación futura deseada al 2030, que se reduzca de 13.4% en el 2017 a 7.2% el porcentaje de los embarazos en la adolescencia.
Otro objetivo, es garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, y como situación deseada es incrementar el porcentaje de mujeres congresistas de 28.5% en el 2016 a 40% en el 2030. Por otro lado, las mujeres alcaldesas pasarán de 2.8% en el 2014 al 20% en el 2030, a nivel nacional.
El cuarto objetivo, busca garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres.
En cuanto a la desigualdad educativa se plantea asegurar que las niñas, niños y las/los adolescentes culminen la enseñanza primaria y secundaria, con la incorporación y permanencia de mujeres en el sistema educativo específicamente la mujer indígena, pobre y rural.
Para ello resulta fundamental incrementar la participación de las mujeres en carreras tradicionalmente masculinizadas, y garantizar el acceso, la permanencia y conclusión de mujeres y hombres en igualdad de condiciones en la educación técnico-productiva, educación superior tecnológica, pedagógica, artística y universitaria
También se plantea acciones frente a la desigualdad económica (laboral y productiva) de las mujeres con un aumento de la tasa de paridad de las mujeres que pasará de representar el 80% de los ingresos de los hombres, en el 2017, al 86,8% en el 2030.
Como penúltimo objetivo prioritario se busca reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres, buscando como que para el 2030, el 100% de los ministerios y al menos 50% de gobiernos regionales incorporarán el enfoque de género en la gestión institucional.
Finalmente, como último objetivo prioritario reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población por lo que se espera que al 2030 se reduzca el índice de tolerancia social a patrones sociales discriminatorios, lo cual se verá reflejado, entre otros aspectos, en la reducción de la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres, la cual en el año 2015 era de 54.8% y se espera que en el 2030 sea de 36.8%.
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Published: 3/7/2020