A los más de 1,500 pescadores artesanales, que son los primeros afectados por el derrame de petróleo ocurrido recientemente en Ventanilla, se suman 1,500 propietarios de negocios de recreación propios de la temporada de playa que han perdido su principal fuente de ingreso, sostuvo hoy el presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (Calamasur), Alfonso Miranda Eyzaguirre.
“Hay un daño económico para más de 3,000 familias que viven día a día de sus actividades vinculadas con el mar que ahora está contaminado”, declaró a la Agencia Andina.
En los puertos de Ventanilla, Ancón y Chancay se ha paralizado la actividad de la pesca costera, es decir de pescadores no embarcados, que realizan sus actividades en las orillas del mar.
“Igualmente están paralizadas las faenas que realizan los pescadores que trabajan con embarcaciones muy pequeñas, pegados a la costa”, dijo.
Lamentó que a todos ellos, y a sus familias, se les haya cortado la expectativa de vida productiva. “No debemos de perder de vista que se trata de pescadores, no obreros de limpieza, no son ingenieros ambientales, ni son especialistas en residuos oleosos”, dijo.
El Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante (Calamasur) es un grupo comprendido por actores líderes de la industria (representantes de los sectores artesanal, industrial y de procesamiento) de Chile, Ecuador, México y Perú, que se encuentran involucrados en la pesca de calamar gigante y trabajan juntos para su sostenibilidad.
El pasado 15 de enero se reportó un derrame de crudo en el mar de Ventanilla de Refinería La Pampilla, operada por la empresa Repsol.
Embargo preventivo
El presidente de Calamasur enfatizó que el Estado debe ejercer la acción precautoria de embargar, de manera preventiva, los bienes del armador del barco causante de este derrame y de Refinería La Pampilla.
“De cuerdo a Ley, se debe dar el embargo preventivo a estas dos empresas para poder cautelar el interés económico del país, de modo que haya la seguridad de que se indemnice al Estado como corresponde”, dijo.
Miranda comentó que es muy probable que las asociaciones de pescadores afectados inicien acciones legales contra Repsol por el daño causado.
Sin embargo, reconoció que esos procesos pueden tomar varios años. “Puede ser un proceso lento y largo. Mientras el Estado debe atender a los más afectados por la crisis”, anotó.
Comentó que la situación de los pescadores artesanales no solo puede ser resuelta con bonos y que se requiere de un gran fondo de ayuda que pueda devolver a los trabajadores del mar sus ingresos.
“Debemos tener en cuenta que en la temporada de verano ellos generaban los ingresos necesarios para atender su sustento en el mes, además de guardar dinero para el resto del año con fines educativos, vivienda y de salud”, comentó.
Es muy importante que el Estado actúe para tener el liderazgo en esta crisis y no espere a que la empresa causante de este derrame de petróleo resuelva lo que está visto que no va a resolver, agregó.
Mecanismos legales
Por otro lado, Miranda dijo que Perú dispone de los mecanismos legales necesarios para exigir el cumplimiento de una indemnización a Repsol por el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla.
“Creo que, ante una catástrofe como esta, el Estado dispone de los medios suficientes para ello. Y si hiciera falta alguna autorización normativa estoy seguro que el Congreso y el Poder Ejecutivo se pondrían de acuerdo muy fácilmente para complementar cualquier tema que podría estar en vacío legal en esta circunstancia”, dijo.
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(FIN) SDD/JJN
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