La Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso de la República a desestimar el proyecto de ley que busca modificar la conformación del consejo directivo de la Sunedu, así como el mecanismo para la elección de quien ejerza el cargo de superintendente, al considerar que se vulneraría la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y pondría en peligro la reforma universitaria.
El pedido fue hecho a través de una comunicación formal dirigida a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Parlamento, por medio de la cual la Defensoría dio a conocer su oposición a la iniciativa legislativa que pretende modificar la Ley Universitaria para que el consejo directivo de la Sunedu esté integrado por siete miembros, de los cuales cuatro serían representantes de las universidades.
Para la
Defensoría del Pueblo, esta conformación del órgano encargado de regular la educación universitaria en el país crearía una desproporción al momento de elegir a la nueva o nuevo superintendente, toda vez que las universidades públicas y privadas tendrían mayoría en el proceso de elección, lo que a su vez afectaría la autonomía para la toma de decisiones sobre la calidad de la enseñanza superior de miles de jóvenes.
Por otro lado, la entidad objetó que se pretenda retroceder al esquema previo a la Ley Universitaria, cuando funcionaban la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (Conafu).
Al respecto, recordó que el Tribunal Constitucional cuestionó la imparcialidad de dicho sistema porque el Conafu estaba conformado por exrectores propuestos y elegidos por las propias universidades, lo que generaba una duda razonable sobre la imparcialidad de dichas instituciones al momento de autorizar el funcionamiento de universidades y filiales.
En el documento remitido al Congreso también se indica que el Tribunal Constitucional ha señalado que las universidades pueden estar sujetas al control del poder público, dado que la autonomía universitaria no es sinónimo de autarquía y solo se afecta cuando hay una incidencia desproporcionada y arbitraria de las atribuciones constitucionales y legales asignadas a las universidades.
En ese sentido, para la Defensoría del Pueblo no existe la necesidad de “restablecer la autonomía universitaria”, como plantea el proyecto de ley, ya que esta no se ha afectado con la creación de la Sunedu. Por el contrario, la medida propuesta afectaría a dicha entidad y pondría en riesgo las reformas que se han venido dando en los últimos años al sistema universitario peruano.
Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo ha expresado en diversas oportunidades su posición institucional en defensa de la reforma universitaria.
En tal sentido, agrega, si bien toda política pública y su marco legal pueden ser perfectibles e, inclusive, objeto de críticas, ello no implica que desde los poderes del Estado se pretenda retroceder lo avanzado, más aún cuando ello implica poner en riesgo la protección y garantía del derecho a la educación de calidad de miles de jóvenes.
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