Lima, nov. 27 (ANDINA).- Un informe elaborado por el Observatorio de Conflictos Mineros en Perú revela que el 55 por ciento de las seis mil comunidades campesinas con propiedad de tierras en Perú se ven afectadas por la actividad de las empresas mineras.
Lima, nov. 27 (ANDINA).- Un informe elaborado por el Observatorio de Conflictos Mineros en Perú revela que el 55 por ciento de las seis mil comunidades campesinas con propiedad de tierras en Perú se ven afectadas por la actividad de las empresas mineras.
Este estudio, realizado por diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) peruanas y que fue presentado hoy a la prensa extranjera en Lima, revisa de forma pormenorizada los diferentes conflictos sociales y ambientales causados por la extracción de minerales en el país.
En un contexto internacional marcado por el alto precio de los metales, y con Perú como el país de América Latina que mayor cantidad de inversiones capta por ese concepto, “el objetivo es proporcionar una información rigurosa que permita buscar soluciones a los conflictos”, explicó José de Echay, miembro de la ONG Cooperación.
“Hemos constatado un marcado déficit de información (…) y una tendencia a caricaturizar el conflicto”, argumentó Echay para quien estos problemas son “una oportunidad”, pues “ponen sobre la mesa una agenda con una serie de temas que deben ser discutidos”.
El informe plantea la necesidad de crear una autoridad ambiental independiente y autónoma, que permita “certificar de manera imparcial” cómo afecta la labor de las mineras a las poblaciones.
Además, según Echay, la evaluación ambiental debería ser estructural y tener “una mirada más global”, no sólo de proyectos individuales, lo que permitiría conocer, por ejemplo “si a Perú le interesa que la zona de Majaz se convierta en un distrito minero”.
El 16 de setiembre pasado, las localidades de Ayabaca, Pacaipampa, en la provincia de Ayabaca, y el distrito de El Carmen de la Frontera, rechazaron, en consulta vecinal, el proyecto Río Blanco de la minera Majaz.
El informe presentado, en el que también colaboraron las ONG Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) y Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), busca también rescatar “la participación ciudadana”.
“Se habla de números, pero no se habla del desarrollo de las personas por medio de los derechos, se ve como un retroceso, cuando podría ser una salida a eventuales conflictos”, opinó Echay.
El miembro de Cooperación puso como ejemplo la diferencia que existe entre el conflictivo norte del país y el sur, donde las mineras están logrando acuerdos con la población a través de “los procesos de diálogo que está creando esa agenda, que permitiría que la minería se desarrolle”.
“Creemos que detrás de los conflictos hay problemas de fondo, problemas estructurales que deben ser abordados seriamente, incluso sería de interés del propio Gobierno y de las empresas”, señaló Echey.
(FIN) Agencias/JOT
Published: 11/27/2007