La ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, señaló hoy que el objetivo del proyecto de Ley del Ejecutivo que reemplazaría al Decreto de Urgencia 003, el cual vence este 13 de febrero, es consolidar el crecimiento económico y proteger el empleo formal.
“Uno de los objetivos más importantes es consolidar el crecimiento económico porque es clave para asegurar la protección al empleo y sobretodo, al empleo formal”, subrayó.
Indicó que se busca evitar que se generen quiebres en las empresas que trabajan en un sector tan intensivo en mano de obra como es el de construcción.
Así lo manifestó en la sesión extraordinaria conjunta de las comisiones de Economía y Justicia del Congreso, para tratar el Proyecto de Ley N° 2408/2017-PE que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía.
Esto no implica, explicó, “de ninguna manera” detener el curso de los procesos judiciales que tienen las empresas que han cometido delitos.
“Hay millones en obras públicas hoy que están siendo ejecutadas por esas empresas, hoy estamos ante un evento sistémico en el sector real de la economía que es el sector construcción, uno de los que más intensivos en el empleo de mano de obra”, dijo.
Refirió que hay mucha obra pública como colegios, pistas, obras de saneamiento y viviendas que no podrán terminarse a tiempo, si las empresas quiebran.
Impacto económico
“El impacto en la economía sería muy grave si no hacemos nada que realmente equilibre esa necesidad de justicia que tenemos contra las empresas que han actuado mal y la necesidad de las empresas y personas de garantizar un empleo digno”, dijo Cooper.
“Lo que tenemos son 30,000 millones de soles en inversión pública hoy día comprometidas por esas 30 empresas, que es casi todo el presupuesto de inversión en 2018 y si no hacemos algo lo que vamos a ver es probablemente obras paradas producto de empresas que no pueden continuar operando”, agregó.
Refirió que esas empresas tienen que tener cartas fianzas que aseguren su operación y esas cartas fianzas estarían en riesgo, así como el crédito a esas empresas también estarían en riesgo.
“Por otro lado tenemos 11,000 millones de deudas en el sistema financiero producto de esas empresas”, subrayó.
Indicó que si bien este monto no representa un problema sistémico al sistema financiero, tendría un impacto en una menor velocidad de crecimiento de este sector.
“Esto (el monto comprometido en estas empresas constructoras) es el 4.3% del saldo total de los créditos”, precisó.
Además, explicó que solamente considerando las 9 empresas más grandes implicadas en los temas de corrupción, se tendrían casi 53,000 empleos en riesgo si son forzadas a quebrar.
“Por otro lado tenemos más de 3,500 millones de soles en créditos de proveedores”, agregó.
Colaboración eficaz
Por otro lado, la ministra Cooper señaló que el presente proyecto lo que busca aparte de proteger el empleo y la salud de la economía peruana, también busca incentivar la colaboración eficaz.
“Queremos también busca maximizar el monto de la reparación civil que sea pagable en el menor tiempo posible”, subrayó.
Cooper refirió que el Decreto de Urgencia 003 que sacó el Gobierno y que fue publicado el 13 de febrero de 2017, fue una medida de urgencia ante una situación que no se previó, y cumplió con dos objetivos, el primero evitar que las empresas investigadas por delitos de corrupción transfieran dinero al exterior, y el segundo fue, conseguir retener pagos a favor del Estado.
“Sin embargo, no cumplió con todos los objetivos para el cual fue hecho, primero no garantizó la continuidad de los proyectos y no evitó la ruptura de la cadena de pagos que dejó a tantas empresas en situación económicamente precaria”, explicó.
En ese sentido, dijo que hoy tenemos una situación en que la economía peruana está en riesgo sistémico en el sector real de la economía que es el de la construcción.
“Esto se debe a un grupo de 30 empresas constructoras, el famoso club de la construcción”, subrayó.
"El Decreto de Urgencia 003 vence el 13 de febrero de este año y por eso es imperativo, implementar un mecanismo legal que lo sustituya, de manera que evitemos en primer lugar que las empresas puedan sacar dinero al exterior sin pagar adecuadamente la reparación civil y también tenemos que sacar una norma legal que no nos pare la economía ni el empleo”, puntualizó.
(FIN) MDV /JJN